Los letrados de la Seguridad Social reclaman una gestión nacional del IMV tras la cesión al PNV
«Resultaría difícilmente justificable, e inconstitucional, que el Estado renunciara a unas competencias exclusivas», denuncia este cuerpo técnico
El 16 de septiembre el Tribunal Constitucional confirmaba la plena constitucionalidad de la atribución de la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) al Estado.
Ahora, tras las últimas negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estados, será el Partido Nacionalista Vasco (PNV) quien controle la gestión íntegra del IMV. El portavoz nacionalista en el Congreso, Aitor Esteban, ha argumentado en rueda de prensa que esta vez se trata de un acuerdo «más avanzado» y «político» , y que por las conversaciones con las distinitas carteras ministeriales y con La Moncloa tiene confianza en que se cierre la transferencia a finales de este año o principios del que viene.
Por todo ello, l a Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social ha denunciado que se debería cumplir esa gestión «única de la Seguridad Social por el Estado», al ser «la mejor garantía de la uniformidad de las prestaciones en todo el territorio nacional».
«Mostramos nuestro más absoluto acuerdo y conformidad con esta sentencia del Tribunal Constitucional (...), confirma y refuerza dicho modelo», escriben en un comunicado. « Resultaría difícilmente justificable, e inconstitucional, que el Estado renunciara a unas competencias exclusivas que, precisamente, se le atribuyen para garantizar los principios constitucionales de unidad, igualdad y solidaridad que sustentan nuestro sistema de Seguridad Social y con los que el Tribunal Constitucional demuestra su más firme compromiso».
Ya en junio este cuerpo técnico mostró su disconformidad con la posibilidad de que el PNV pudiese controlar la gestión del ingreso mínimo. En una carta remitida al ministro de Segurdidad Social, José Luis Escrivá, denunciaban la «incostitucionalidad» del plan por atentar contra el criterio de caja única de la institución y establecer distinciones «discriminatorias» entre comunidades de primera y segunda.
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