Gürtel, capítulo VI: El Papa
La Audiencia Nacional juzga esta semana a una veintena de personas por las adjudicaciones a empresas de la trama
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a partir de este lunes y hasta el próximo mes de junio a una veintena de acusados en relación a las adjudicaciones irregulares de contratos de producción en torno a la visita del Papa Benedicto XVI a la Comunidad Valenciana los días 8 y 9 de julio del año 2006.
Se trata del quinto juicio que se celebra en esta instancia en relación a la red que tejieron el empresario Francisco Correa y sus lugartenientes Pablo Crespo y Álvaro Pérez , «el Bigotes», para conseguir contratos con organismos públicos, desplegando «las relaciones y el acceso directo» que los tres tenían «con importantes cargos públicos y políticos del Partido Popular» a fin de enriquecerse.
En este caso, se trataba de la Administración Autonómica valenciana que en aquellas fechas presidía Francisco Camp s y el resultado fue un daño al erario público de 3,3 millones de euros, de acuerdo a la acusación.
El foco está sobre el expresidente de las Cortes Valencianas, exdelegado del Gobierno en la región y conseller de Agricultura en las fechas objeto de los hechos, Juan Cotino. Se sienta en el banquillo acusado de cuatro delitos de malversación, fraude a la Administración, cohecho pasivo y prevaricación continuada por los que la Fiscalía pide una condena de 11 años de prisión y una década de inhabilitación para cargo público.
A su lado, estará el entonces director de la Radio Televisión Pública Valenciana (RTVV), Pedro García Gimeno , para quien al término de la investigación, en 2016, el Ministerio Público pedía 40 años de cárcel.
Toma de decisiones
De acuerdo al relato de los hechos de la Fiscalía, Cotino, «pese a no ostentar cargo alguno en la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de la Familia » que organizaba la visita del Papa «ni formar parte de sus competencias como conseller, impulsaba activamente y gestionaba de facto la contratación» de diversos servicios del gran evento y tuvo una « participación esencial ».
De hecho, según el auto por el que el juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata acordó enviarle a juicio, Cotino «era el elemento nuclear en el sentido de ser el responsable último en la toma de decisiones sobre los contratos» que daba la Fundación, entidad que pudo haberse hecho cargo de licitar el servicio de pantallas y megafonía objeto de este juicio y que por su intervención, recayó en la Radiotelevisión Pública Valenciana y de ahí, en la trama.
Fiscalía explica que Cotino, Correa, Crespo, El Bigotes y García Gimeno acordaron atribuir «el encargo y el coste» de ese servicio al ente público RTVV para «apoderarse directamente de los fondos públicos» a los que tenían « más fácil acceso» , dada la posición de este último, y «mantener el control sobre los beneficiarios últimos de la contratación» así como determinar «el sobrecoste» que les daría beneficios.
Precio «desorbitado»
Para ello, el entonces director de la radiotelevisión valenciana «subcontrató ilícitamente» a la mercantil Teconsa el alquiler de los equipos «vulnerando conscientemente» la normativa de contratación pública y firmó por RTVV además, el pago por un servicio de seguridad para las pantallas que no llegó a prestarse.
Anticorrupción detalla que el contrato se firmó el 10 de mayo de 2006 por un precio «desorbitado» , cerca de 7,5 millones de euros sustraídos a RTVV para «repartírselos con miembros del grupo»: Cifra en 1,49 millones de euros la comisión de Correa y en medio millón la de García Gimeno, mientras apunta que Crespo se quedó 166.000 euros ; el Bigotes 500.000 y Blanco Balín 249.000. La mercantil que utilizaron acabó subcontratando a otra que a su vez, encargó a una tercera el servicio, pero por el camino se quedó 200.000 euros, a lo que hay que sumar los cerca de 229.000 que por figurar se llevaron otras dos mercantiles de la trama, de acuerdo a la tesis de Anticorrupción .
El dinero después se movía de una sociedad a otra dentro de la Gürtel utilizando «facturas falaces» por servicios «inexistentes» , pues la trama contaba «con testaferros al frente de sociedades mercantiles ajenas» a las controladas por Correa «para evitar así que se establecieran conexiones» entre ellas que permitieran la trazabilidad. Un total de 14 personas jurídicas están acusadas en este procedimiento.
En cuanto a los cargos públicos señalados, Fiscalía apunta que recibieron «gratificaciones» y regalos por su colaboración, como en el caso de Cotino, a quien una de las empresas regaló un abrigo valorado en 375 euros. García Gimeno, por su parte, recibió un MiniCooper valorado en 30.000 y más de 3.500 euros en ropa.
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