Francisco Granados, en una imagen de archivo
Francisco Granados, en una imagen de archivo - ÓSCAR DEL POZO

La Guardia Civil detiene a la mano derecha y posible testaferro de Granados

Los agentes registraron la vivienda del arrestado, Ignacio Palacios, y dos inmuebles de Granados

Madrid Actualizado: Guardar
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Fuera de los focos, bajo el secreto de sumario, la operación Púnica sigue su curso. La Guardia Civil detuvo ayer martes a Ignacio Palacios, quien fuera la mano derecha del encarcelado Francisco Granados, y a su mujer en una operación policial en la que hubo varios registros. Ambas personas pasarán mañana a disposición judicial, según fuentes jurídicas. Esta causa investiga una trama de corrupción local y regional que pagaba comisiones a cambio de adjudicaciones irregulares.

Aunque aún se desconocen las actividades que se le atribuye, el juez del caso, Eloy Velasco, está investigando varias operaciones ilícitas con las que podría tener relación y pretende averiguar el rol de Palacios, que pudo actuar como un testaferro de Francisco Granados, el que fuera secretario general del Partido Popular en Madrid.

La operación policial también llevó a cabo el registro de la vivienda de Palacios, que fue jefe de personal del ayuntamiento de Valdemoro y jefe del gabinete de Granados cuando era consejero de Madrid, y de dos propiedades del propio Granados, una en Ávila y otra en Valdemoro. Granados se encuentra en prisión preventiva desde el 31 de octubre de 2014, cuando estalló este caso de corrupción.

El juez Eloy Velasco, quien dividió la causa en doce piezas separadas, está interrogando a numerosos implicados, entre imputados y testigos, desde el pasado mes de septiembre. Muchos de ellos habrían sido señalados por el empresario David Marjaliza, socio y amigo íntimo de Granados y quien también se encuentra en prisión preventiva. El juez considera a ambos los cabecillas de la tela de araña corrupta.

La investigación ha dejado al descubierto que la trama de corrupción se adjudicó contratos por valor de más de 100 millones de euros a cambio de pagar comisiones y prestar favores a políticos de diferentes administraciones, en comunidades como Madrid, León o Murcia. Granados y Marjaliza son los únicos que continúan encarcelados.

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