El Gobierno revela el intento de hackeo del móvil del ministro Planas, ex embajador en Marruecos
Confirma que el dispositivo del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue infectado, también en 2021, por Pegasus
El Gobierno destituye a la directora del CNI, Paz Esteban, para calmar a los independentistas
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha revelado este martes que hubo un intento de hackeo del móvil del ministro de Agricultura y ex embajador en Marruecos entre 2004 y 2010, Luis Planas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha confirmado que el dispositivo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue infectado por Pegasus junto con el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la ministra de Defensa, Margarita Robles. La incursión se produjo, ha dicho, también en 2021 y en paralelo a la infección en los terminales de los dos aludidos . Fuentes del Ejecutivo señalaron que hubo dos entradas al teléfono del titular de Interior: una de 400 megas y otra de 6,3 gigas.
Según ha señalado Rodríguez, en el resto de los terminales de los ministros «no existen infecciones compatibles con Pegasus».
La portavoz, que evitó señalar a nadie por el ataque consumado al presidente y a los tres ministros y el frustrado a Planas, ha señalado que el Ejecutivo va a llevar a la justicia estas nuevas revelaciones del Centro Criptológico Nacional (CCN). Así, ampliarán la denuncia presentada en la Audiencia Nacional que en un primer momento se refería solo a los teléfonos de Sánchez y Robles. Esa investigación, bajo secreto de sumario, está en manos del juez José Luis Calama, que la semana pasada ofreció personarse a los afectados.
Fue el propio ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien el pasado 2 de mayo informó de que los móviles de Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa habían sido infectados por Pegasus. En concreto, el del jefe del Ejecutivo fue espiado los días 19 y 31 de mayo de 2021, cuando España vivía una grave crisis migratoria por el paso de miles de personas a Ceuta. El de Robles fue infectado en junio de ese año.
El Ministerio de Defensa reconoció el pasado 2 de marzo que los teléfonos móviles de los ya exministros de Justicia (Campo) y de Exteriores (Laya) fueron hackeados en agosto de 2020, si bien Isabel Rodríguez no se ha referido a ellos al tratarse de una incursión ajena a Pegasus. Como informó ABC el sábado, el diputado Jon Iñarritu de Bildu preguntó al Gobierno por ese ataque tras una información publicada en 'El Confidencial', y recibió una respuesta escrita en la que Defensa informaba de que «el resultado de las actuaciones realizadas, en relación con el incidente» habían sido trasladadas «a las autoridades pertinentes» para la adopción de «las medidas que, en su caso, consideren oportuno». Es decir, no solo se reconocía la existencia del ataque sino que el mismo había dado lugar a una investigación, y que todo ello había seguido un cauce que ya no se detallaba.
Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no ofreció datos sobre este 'incidente' cuando el pasado martes se comprometió a informar con «total transparencia» durante una entrevista en la cadena Ser. En esa cita negó que el móvil de Laya hubiera sido atacado en 2021, calló sobre lo sucedido en 2020, y rechazó que hubiera pinchazos más allá de los denunciados el lunes en los teléfonos del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Sobre otros ataques, Bolaños insistió en que no le constaba ninguno. «Si en algún momento nos constara también lo haríamos público», aseveró, aferrándose a que el Centro Criptológico Nacional (adscrito al Centro Nacional de Inteligencia y dependiente de Robles) no ha hecho ningún otro informe.
Defensa no detalló qué «actuaciones» que se llevaron a cabo a raíz del hackeo de los móviles de Campo y Laya en agosto de 2020 ni si fue el Centro Criptográfico Nacional el que las implementó. Y cuando Iñarritu volvió a la carga el 7 de marzo preguntando si se habían producido más hackeos contra miembros del Gobierno, cuándo y contra quiénes, el Ejecutivo cambió de criterio y pasó a considerar el ataque como materia reservada en su totalidad.
Así, el 4 de abril, el Ejecutivo daba carpetazo al asunto respondiendo que « dada la clasificación de secreto que caracteriza legalmente a la información relacionada con las actividades del CNI» el «control parlamentario de las mismas debe recabarse» en la Comisión de control de los gastos reservados (en esa fecha, pendiente de constituir).
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