Exhumación de Franco
Cuatro actores, dos lecturas de la ley y una sola resolución
En las próximas semanas el Alto Tribunal impondrá o no medidas cautelares.
El Gobierno, la familia Franco, el prior de la abadía benedictina del Valle de los Caídos y el Tribunal Supremo. La exhumación –o no– del dictador afronta su fase decisiva y son cuatro los actores que, unos más que otros, todavía tienen algo que decir en un proceso que impulsó Pedro Sánchez allá por el mes de agosto, a los pocos meses de llegar a La Moncloa.En medio de todos ellos hay un complejo entramado de leyes que el Gobierno y la familia del dictador interpretan de forma distinta y sobre cuyas diferencias tendrá que decidir el Alto Tribunal, organismo que tendrá la última palabra sobre si Franco sale o no del Valle de los Caídos.
Bien lo saben en La Moncloa, donde admiten que, ahora que la fecha de exhumación está fijada para el 10 de junio , solo el Supremo podría dar al traste con la medida. Restan importancia en el Ejecutivo a la suspensión cautelar del procedimiento elevada por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid, decretada hace dos semanas por el juez Yusty al ver deficiencias en el proyecto del Gobierno para levantar la lápida con los restos de Franco. Fuentes del Gobierno aseveran que este punto no les afecta y que, «según la ley del suelo, la Administración no pide licencias de obras y no las necesita para la exhumación».
También la familia del dictador es consciente del poder de la resolución que emita el Supremo después de que la semana pasada presentaran ante dicha un recurso pidiendo la suspensión cautelar del procedimiento de exhumación. El abogado familiar, Luis Felipe Utrera Molina, advierte al Gobierno de que, si no quiere meterse en un importante lío legal, «no puede ejecutar la exhumación antes de que el Supremo resuelva».
Si lo hiciera, incumpliría el derecho a tutela judicial que tienen las partes, en este caso la familia del dictador, que solicitó ser escuchada mediante su escrito a la espera de medidas cautelares. Precisamente una suspensión temporal del procedimiento ya fue desestimada en el primer recurso remitido por la familia al Alto Tribunal, que alegó que entonces no existía un riesgo efectivo de que Franco fuera desenterrado. Ahora, con una fecha ya marcada por el Ejecutivo, la situación es totalmente opuesta y no sería descabellado que los jueces paralizaran el proceso a la espera de dictamen definitivo.
El Gobierno no opina así. Creen que «lo normal» es que el Supremo «no acepte las medidas cautelares» de paralización del proceso solicitada por la familia porque, aseguran. el expediente jurídico es «impecable». Además, defienden que «no hay daño» para la familia con un proceso «irreversible» . Se recuerda el caso de los restos del general Sanjurjo: un juzgado de Pamplona rechazó la exhumación que se había producido, pero posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Navarra sí avaló el proceso y dio la razón al Ayuntamiento de la ciudad. Rechazan además que se afecte a la tutela judicial efectiva porque «presumiblemente» el Supremo se pronunciará antes del 10 de junio.
Y esa resolución es la que espera también Santiago Cantera, prior de la abadía benedictina del Valle de los Caídos, quien desde el primer momento ha mantenido la misma postura: no abrirá las puertas de la basílica para desenterrar a Franco salvo que el Tribunal Supremo o la familia digan lo contrario. Pero ayer la vicepresidenta Calvo destacó que la Iglesia no se opone a la exhumación y restó importancia al rechazo de Cantera: «En un Estado como el nuestro, el Gobierno tiene instrumentos más que suficientes para ejecutar los acuerdos del Consejo de Ministros ».
Las posturas de la familia, Cantera y el Gobierno están claras, ahora sólo falta esa resolución judicial que zanje un tema que «desenterró» Pedro Sánchez nada más llegar a La Moncloa
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