Delgado da marcha atrás y ya no pone a cero el contador de las investigaciones de corrupción

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado , ha dado marcha atrás en su interpretación del real decreto de Justicia sobre los plazos procesales y ya no considera que haya que poner a cero el contador en investigaciones en curso. En un decreto, el Ministerio Público considera ahora que lo que debe regir son los plazos de instrucción previstos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé seis meses de investigación para las causas simples y dieciocho para las complejas. Estos plazos son «auténticos plazos procesales» y como tales su cómputo debe reiniciarse a partir del día 5 (es decir, mañana viernes), «de conformidad con la taxativa y expresa previsión del legislador recogida en aquel real decreto».

Delgado justifica este cambio de criterio respecto a su interpretación inicial -que habría supuesto alargar los plazos procesales- en que el real decreto de Justicia está siendo objeto de tramitación parlamentaria como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, «lo que puede dar lugar a una posible modificación de su redacción actual». A fin de evitar también «perjuicios a la tutela judicial efectiva de las parte s o la posible frustración de investigaciones judiciales en curso», los fiscales solicitarán la declaración de complejidad de los procedimientos, «debiendo optarse cautelarmente por el criterio de la reanudación del cómputo de los plazos, los cuales fueron suspendidos entre las fechas 14 de marzo y 4 de junio de 2020». Apunta que ese deber de cautela deberá atenderse especialmente en las causas con presos y procedimientos de «especial trascendencia» .

Lo mismo sucede con las diligencias de investigación penal del Ministerio Fiscal, que deben acomodarse, dice, al mismo criterio de reanudación(que no reinicio) del cómputo.

La marcha atrás de Delgado se produce después de que la Asociación de Fiscales pidiera instrucciones precisas y uniformes en la Fiscalía sobre la interpretación que la fiscal general hizo de aquel real decreto de plazos procesales y que, si se hubieran puesto a cero el marcador del último de los plazos acordados, habría implicado alargarlas con la consiguiente y posible indefensión del imputado.