La defensa de Rull, Turull y Sànchez adelanta su estrategia victimista cuestionando hasta a Marchena

En un afán victimista que retrata cuál será su hipotética y futura estrategia ante el tribunal de Estrasburgo , con el que las defensas de los presos del «procés» llevan «amenazando» desde el inicio del juicio, el abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, no ha esperado al final de juicio para aludir a una supuesta falta de imparcialidad del presidente del tribunal del «procés» Manuel Marchena. En su escrito de conclusiones definitivas que este viernes ha elevado al tribunal, el letrado Jordi Pina se queja, entre otras cuestiones, de que Marchena haya afeado su conducta en varias ocasiones, que haya cortado interrogatorios y que haya dado un «trato diferente» a acusaciones y defensas durante el juicio, a tres sesiones de quedar visto para sentencia.

Junto a las vulneraciones que ya expuso el pasado diciembre, en el trámite de cuestiones previas (tales como la propia falta de competencia del Supremo para juzgar a los líderes independentistas o la «ausencia de imparcialidad» del instructor y de «algunos» de los magistrados que conforman el tribunal), Pina denuncia situaciones que tilda de «parciales» por parte del Tribunal.

Así, critica que la Sala no haya permitido confrontar las declaraciones de los testigos con la prueba documental videográfica, las relativas a dos momentos clave del escrito de acusación: el 20-S y el 1-O. «Tomó la decisión sobrevenida de impedir la exhibición de la prueba documental videográfica a los testigos declarantes a fin de contrastar la veracidad de sus manifestaciones orales con el contenido de las imágenes grabadas en los vídeos». Fue un «cambio de criterio sobrevenido», se queja el letrado, porque «a los primeros testigos (como Mariano Rajoy o Artur Mas) sí se les pudieron mostrar vídeos. Opina que «en términos de generar convicción sobre la credibilidad de una prueba testifical no es lo mismo oponer un vídeo a un testigo cuando este último está declarando que hacerlo semanas o meses más tarde».

A ello se suma la crítica de que, según Pina, Marchena permitió que la Fiscalía preguntara a los acusados o testigos «sobre su filiación política e ideológica y, por el contrario, no permitió a las defensas preguntar sobre dichos particulares a algunos de los testigos» que declararon en la vista. Lo mismo sucede con las valoraciones personales de los testigos, que «numerosos policías» expusieron «con total libertad» (como las relativas a las «caras de odio» de los votantes o el «clima hostil » que se respiraba en Cataluña), mientras que las de las defensas «fueron cortadas de raíz por la Presidencia».

Pese a que está previsto en la ley, el letrado acusa a Marchena de haber suplido la función del Ministerio Fiscal en uno de los momentos más intensos del juicio: cuando después de la declaración del mayor Trapero , Marchena preguntó al testigo por la famosa reunión del 28 de septiembre, aquella en la que, a tres días del 1-O la cúpula de los Mossos advirtió al Govern de que seguir adelante con el referéndum ilegal generaría episodios de violencia. «Asumió un rol propio de las partes acusadoras», señala en los escritos de defensa de sus clientes.

Y sin aludir a la preparación técnica de unas y otras partes, e incluso dentro de las defensas, de unos y otros letrados, Pina también reprocha al presidente hacer «cortado con mucha mayor frecuencia los interrogatorios de las defensas» y haber adoptado respecto a él «una actitud mucho más proactiva a la hora de censurar su manera de preguntar o de expresarse ante la Sala». No ha sido el caso, desde luego, de Xavier Melero, el profesional más brillante de esa bancada.