Cuatro expresidentes del Gobierno respaldan a Martín Villa ante la querella argentina
Históricos sindicalistas, intelectuales y exministros envían cartas en su defensa frente a la imputación que mantiene la juez Servini
Un total de 19 personalidades políticas y sindicales, incluidos los cuatro últimos presidentes del Gobierno de España, han dado su aval al exministro de la Transición Rodolfo Martín Villa para defender su papel en la consolidación de la democracia frente a la acusación de que fue responsable, por elevación, de doce muertes violentas a manos de fuerzas policiales y radicales de extrema derecha entre 1976 y 1978.
Es la razón por la que está investigado desde octubre del año 2014 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires, donde la titular María Servini instruye una querella impulsada por víctimas y familiares de víctimas del franquismo por crímenes de lesa humanidad .
Martín Villa, que desde que la juez ordenó su detención en 2014 -revocada luego por la Cámara de Apelación argentina-, viene solicitando sin éxito que se le tome declaración, comparecerá finalmente y por iniciativa propia este 3 de septiembre ante la juez. El pasado 25 de agosto le remitió un escrito que llevaba adjuntas las cartas redactadas por Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy , junto a otras quince personalidades, que aseguran que siempre actuó con un total compromiso para defender el Estado de Derecho y reformar las Fuerzas de Seguridad del Estado, según fuentes de la defensa.
No son los únicos. Frente a la acusación de que participó en «un plan para aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes», Martín Villa muestra a la juez cómo algunos de quienes debieran haber estado en su punto de mira, dan la cara por él. Cuenta con el apoyo expreso y por escrito de los ponentes de la Constitución Miguel Herrero y Miquel Roca; cuatro exsecretarios generales de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras desde 1976 a 2008 -Nicolás Redondo, Antonio Gutiérrez, Cándido Méndez y José María Fidalgo-; los exministros españoles Eduardo Serra, Rafael-Arias Salgado y Josep Borrell, y los extranjeros Enrique Krauss (Chile) y Mario Soares (Portugal). «Ellos, cuya eliminación física yo pretendía según la querella. Ahora comparecen ante V.S.» , decía el escrito enviado a Servini.
Relaciones sindicales
La «querella argentina» le atribuye en concreto las cinco muertes causadas por el desalojo policial de una iglesia en Vitoria en marzo de 1976, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales. La querella sostiene que en ese desalojo tuvieron responsabilidades también Adolfo Suárez y Alfonso Osorio, ambos fallecidos. Según la versión esgrimida por Martin Villa ante el juzgado argentino, la intervención de los tres tuvo lugar después y no antes de las muertes y consistió en adoptar «medidas urgentes para evitar más violencia» en Vitoria.
Asimismo, los querellantes le responsabilizan de seis muertes causadas por disparos de policías, de guardias civiles y ultraderechistas entre julio de 1976 y mayo de 1977 , varias de ellas en una Semana Proamnistía para pedir la excarcelación de miembros de ETA.
En 2019 la querella se amplió con una acusación por la muerte de una persona por disparos policiales en Pamplona en julio de 1978, cuando había transcurrido un año de las elecciones democráticas y estaba a punto de aprobarse la Constitución.
Los primeros querellantes acudieron a Argentina para intentar enjuiciar los crímenes del franquismo porque en España no prosperaban las iniciativas. Las autoridades nacionales siempre han mantenido que no ha lugar a esa investigación, dado que los crímenes estarían prescritos y los que fueran de lesa humanidad, que no vencen, no podrían enjuiciarse dado que estos delitos se tipificaron en España en la década de 2000 y no se pueden aplicar con carácter retroactivo. Rige además, la Ley de Amnistía de 1977, que marca un punto de inflexión con los delitos cometidos antes de esa fecha. Con estos parámetros, la fiscal General del Estado Consuelo Madrigal dictó instrucciones para unificar el criterio del Ministerio Público: los fiscales se opondrían a la admisión de este tipo de querellas.
No obstante, la nueva fiscal General del Estado, Dolores Delgado, recogiendo una reivindicación de los colectivos de víctimas ya desde su época de ministra de Justicia, ha revocado esa orden para que el «no» sistemático que se venía aplicando se convierta en un estudio caso por caso.
