La comisión sobre las finanzas del PP, camino del Tribunal Constitucional

La comisión que investiga la presunta financiación ilegal de Génova llegará hasta el Tribunal Constitucional antes de tres meses. La Mesa del Congreso rechazó en su reunión del 12 de julio el amparo que le había solicitado el Grupo Popular, aunque no lo comunicó hasta ayer al mediodía. Y con esta decisión abre la puerta a la judicialización de la causa ya que su negativa era el último paso que necesitaba el PP para poder interponer su recurso de amparo ante el TC.

El escrito, de hecho, ya ha sido encargado a un despacho de abogados especializado en temas de Derecho Constitucional y está en proceso de elaboración para ser presentado cuanto antes. A ser posible, antes de que acabe este mes, aunque la legislación otorga a los populares un plazo de tres meses.

De no ser posible en este mes, será en septiembre.

Falta de concreción

El PP alega que la comisión no tiene un ámbito temporal ni territorial concreto y que esta generalidad supone una ilegalidad, según los precedentes jurídicos. Sostienen que esta falta de concreción vulnera sus derechos ya que no les permite elaborar un plan de trabajo y ejercer su labor parlamentaria dentro de la comisión. También subrayan que se están vulnerando los derechos de los comparecientes ya que tanto el Reglamento del Congreso como la legislación vigente obligan a realizar las citaciones con un plazo de quince días y solo en casos de urgencia permiten acortar este tiempo a tres días.

Las notificaciones a los extesoreros populares se produjeron con este último plazo, sin justificación de las razones de la urgencia. Tampoco la Camara Baja ha informado hasta ahora a los comparecientes sobre los extremos de los que van a tener que responder, lo que, a juicio del Grupo Popular, supone otra vulneración de sus derechos.

De momento, ninguno de los comparecientes -la actual tesorera Carmen Navarro y tres de sus predecesores- ha decidido recurrir su citación. Ya no podrán hacerlo porque este paso solo puede darse antes de acudir a la declaración, pero los populares advierten de que quizás los próximos comparecientes sí lo hagan.

La comisión sobre la presunta financiación ilegal del PP fue aprobada en el Pleno por unanimidad, aunque el PP se sumó al «sí» en el último momento, forzado por el compromiso de apoyo de su pacto de investidura con Ciudadanos. Pero confió después en que el objeto fuera concretado a un ámbito temporal y territorial, lo que no sucedió. Por ahora, la comisión de investigación no tiene prevista ninguna sesión este mes ni en agosto.