La Comisión del Estatuto del Diputado da luz verde al suplicatorio de Homs

El juicio contra el portavoz del PDECAT o antigua Convergencia, Francesc Homs, por su participación en la consulta ilegal del 9-N está hoy un poco más cerca.

La Comisión del Estatuto del Diputado acaba de aprobar el informe sobre el suplicatorio del político catalán concluyendo que no hay impedimentos para oponerse a la petición del Tribunal Supremo, y que el proceso legal debe continuar.

Tal y como estaba previsto, ha sido la mayoría de PP, PSOE y Ciudadanos la que ha arropado esta conclusión, con el voto en contra de Podemos, ERC y PNV. Estos tres partidos han elaborado incluso un voto particular conjunto que han explicado en rueda de prensa junto a Bildu y el PDECAT -la antigua Convergencia-.

En el texto se alinean con la tesis alegada por el propio Homs y consideran que el proceso iniciado por el Tribunal Supremo tiene más carácter político que jurídico.

En consecuencia, respaldan la petición de inmunidad parlamentaria realizada por el político catalán.

Durante su comparecencia, los formaciones nacionalistas han pedido así que el Pleno rechace el suplicatorio y paralice el procedimiento jurídico iniciado. Su actuación no busca tanto influir en los diputados como en la opinión pública y, sobre todo, entregar a la defensa de Homs una baza de cara al juicio.

No en vano, la abogada del político catalán, especializada en consejos de guerra, ha trazado una estrategia basada en presentar a Homs como víctima de una perscución política y amplificar el eco mediático del proceso lo máximo posible.

El expediente del suplicatorio será remitido a la Mesa del Congreso para su calificación y a continuación será elevado al primer Pleno que se celebre. Tras un debate secreto en el que el Homs podrá defender sus alegaciones ante los 350 diputados que componen la Cámara, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, llamará a una votación secreta para decidir la aprobación o rechazo del suplicatorio.

Nadie duda de que el Pleno seguirá la misma dirección que la Comisión del Estatuto y que el Tribunal Supremo recibirá una respuesta satisfactoria que le permitirá encausar al político catalán por los delitos de prevaricación y desobediencia por los que podría ser inhabilitado.

En este contexto, el Gobierno intenta retomar el diálogo con la Generalitat catalana para intentar reconducir el pulso secesionista. Pero, por el momento, no parece que se esté produciendo deshielo alguno.

El propio Homs ha pedido a la vicepresiddenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que abandone cualquier línea roja antes de emprender la negociación. Y el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, no ha dudado en reprocharle que el diálogo consiste en «escuchar al otro», recordándole que «hasta ahora el Gobierno solo ha escuchado imposiciones» por parte de la Generalitat.

Y, en cambio, ha señalado que la mejor prueba de ls diposición del Gobierno a dialogar es que «nunca ha dejado colgada a la Generalitat ante las dificultades que ha tenido para afrontar sus obligaciones en el pago a proveedores, pymes, nóminas». «Si Puigdemont está abierto al diálogo escucharemos», ha remachado.