Caso Nóos«Nóos nos ofrecía garantías de que era solvente para poner en marcha los Juegos Europeos»

El juicio del caso Nóos prosigue este jueves con la comparecencia de varios testigos. En primer lugar, ha declarado el exvicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Víctor Campos. A preguntas de la fiscal Anticorrupción, Ana Lamas, Campos ha señalado que ostentó el citado cargo político entre 2004 y 2007. El testigo ha confirmado que en diciembre de 2005 firmó un convenio marco con el Instituto Nóos, por un importe global de seis millones de euros, para la organización de los Juegos Europeos de 2010, que finalmente no se llevaron a cabo. La vigencia inicial prevista para dicho convenio era de dos años.

Campos ha confirmado que en 2005 no había partida presupuestaria para dicho convenio, por lo que en mayo de 2006 se aprobó una primera adenda, con una partida presupuestaria de tres millones de euros, a la que en principio debía seguir otra adenda idéntica en 2007, que finalmente no se hizo.

Nóos recibió unos 382.000 euros por sus trabajos previos para los Juegos Europeos, si bien no se le abonaron, en cambio, casi dos millones de euros, por 123 facturas que no se habrían justificado debidamente.

El testigo ha explicado que se reunió con Iñaki Urdangarín y con el empresario Miguel Zorío en la sede del Instituto Nóos, en Barcelona, antes del verano de 2005, tras haber sido invitado a dicho encuentro. Campos acudió a esa reunión «en coche oficial» para hablar con Urdangarín sobre «distintas cuestiones» que podrían ser buenas para la Comunidad Valenciana. El testigo ha añadido que comentó ese encuentro y otros dos o tres posteriores al entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

Asimismo, ha confirmado que sabía que Nóos era una entidad «sin ánimo de lucro», circunstancia que habría sido definitiva para la firma del mencionado convenio para la organización de los Juegos Europeos. «Nóos nos ofrecía garantías de que era solvente a la hora de poner en marcha este proyecto», ha añadido. El testigo ha indicado, en ese sentido, que sabía que Diego Torres había sido profesor de ESADE y que Urdangarín era medallista olímpico, vicepresidente del Comité Olímpico Español (COE) y —en aquel momento— miembro de la Familia Real.

«No nos pareció nada desorbitado»

Campos ha confirmado también que el convenio se desarrolló como una subvención, fijándose una cantidad máxima. «La cantidad nos la dirían desde el Instituto Nóos», ha indicado, para añadir: «Se aceptó esa cantidad». El testigo ha señalado que el precio fijado «no nos pareció nada desorbitado». Más adelante, ha ratificado que Nóos presentó facturas para justificar su trabajo, «algunas se aceptaron y la mayoría se rechazaron».

El testigo también ha reconocido que ninguna persona supervisó los trabajos realizados por Nóos. Campos ha confirmado igualmente que la entonces subsecretaria de Presidencia de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, Isabel Villalonga, le informó de que había problemas con determinadas facturas. Cabe recordar que Villalonga fue la persona que rechazó el pago de las 123 facturas citadas porque «no existía el soporte documental de ese gasto».

Seguidamente, ha comparecido este jueves la exvicesecretaria general administrativa de Presidencia de la Generalitat Valenciana, Ana María Brusola, quien ha indicado que el citado convenio para los Juegos Europeos se habría aprobado con los preceptivos informes jurídicos y económico-fiscales. Brusola ha explicado que Nóos presentó todas sus facturas a Presidencia en el periodo de solo un mes, a mediados de 2006. La testigo ha señalado que en aquel momento se expuso a Nóos cuál era el motivo del rechazo del abono de las 123 facturas. Brusola ha añadido que la entidad que dirigían Torres y Urdangarín no volvió a presentar dichas facturas con posterioridad.

Facturas sin soporte documental

A continuación, ha declarado el exsecretario autonómico de Política Institucional de la Generalitat Valenciana, José Marí. El testigo ha confirmado que en septiembre de 2005, se aprobó en las Cortes Valencianas una resolución en favor de que Valencia optase a ser la sede de los Juegos Europeos de 2010. Marí ha señalado que una vez firmado ya el convenio con Nóos, el entonces vicepresidente valenciano le comentó a mediados de 2006 que había problemas con determinadas facturas y que hablase con Villalonga.

El testigo ha indicado que Villalonga le presentó varias de esas facturas, por lo que pudo constatar que no estaban debidamente justificadas. Así se lo comentó al vicepresidente Campos. A preguntas de la fiscal, Marí ha señalado que se le explicó a Nóos que había algunas facturas sin el debido soporte documental y que otras no encajaban en el acuerdo de subvención firmado en 2005. El testigo ha aclarado, a modo de ejemplo genérico, que un concepto que no podría ser incluido en un convenio de esas características sería el de la compra de inmuebles.

La sesión ha seguido con la declaración de la exinterventora de la Generalitat Valenciana, Irene María Chova. La testigo ha ratificado que redactó un informe señalando todo lo que debería aportar Nóos para justificar el pago de las mencionadas facturas, que habían sido presentadas en junio de 2006. Chova ha explicado que, por ejemplo, deberían entregarse los preceptivos justificantes para demostrar que efectivamente se habían realizado las actividades citadas.