El juez de la mafia georgiana de «revienta pisos» cierra la instrucción por sorpresa

Las decisiones del titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Diego de Egea, en la instrucción del caso de la mafia georgiana de «revienta pisos» desmantelada a primeros de julio por la Policía, son desde hace meses un saco de sorpresas. Después de dejar en libertad a todos los encarcelados tras apenas diez días en prisión, y de ser corregido por la Audiencia de Madrid y obligado a volver a meter entre rejas a tres de ellos, incluido el «vor v zakone» Zviad Darsadze, el pasado día 7 decidió, ante el asombro general, que ya había investigación suficiente y dictaba el auto de transformación de las diligencias previas 6113/2014 en Procedimiento Abreviado; es decir, ordenaba el equivalente al cierre de la instrucción de un sumario.

La decisión judicial ha sido ya recurrida en apelación por la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, que no solo pide la revocación del citado auto judicial sino que además pide la inhibición del juez De Egea, toda vez que la investigación ha demostrado que los delitos cometidos por la trama mafiosa investigada son competencia de a Audiencia Nacional. Al margen de cuál sea la decisión de la Sala, lo cierto es que el estupor es total entre quienes han participado en una investigación calificada en su día por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como la más importante de los últimos años contra la mafia georgiana. Además de ser impulsadas por la ya citada fiscalía, las pesquisas fueron realizadas por la Brigada de Policía Judicial de Madrid y la Brigada Central de Crimen Organizado y la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial. En total, se realizaron más de 40 detenciones.

Los argumentos de Anticorrupción para demostrar que la instrucción no solo en ningún caso puede considerarse agotada, sino que aún quedan por practicarse diligencias esenciales, se basan en siete puntos: la falta del informe de la Policía sobre los efectos y la documentación intervenida; la falta del atestado sobre las actividades de blanqueo de la trama, que además afecta a otros países europeos, como lo demuestra el hecho de que la Policía alemana ya tiene una investigación abierta relacionada con este asunto; el hecho de que hay imputados que aún no han sido puestos a disposición judicial; el que no haya hecho el volcado de las intervenciones telefónicas de las líneas intervenidas, ni tampoco el de la información de los discos duros de los ordenadores; la falta de reconocimiento de joyas robadas por parte de alguna de las víctimas y el que haya miembros de la red mafiosa en busca y captura, entre ellos alguno tan relevante como uno de los lugartenientes de Darsadze.

La segunda cuestión que plantea Anticorrupción es que la instrucción debería pasar a manos de la Audiencia Nacional, tal como el propio juez De Egea admitió en un auto del pasado 17 de junio; es decir, apenas trece días antes de la operación. Pues bien, de forma extraña ahora el magistrado no solo no se inhibe en favor de ese órgano jurisdiccional, sino que dicta auto de transformación en Procedimiento Abreviado; en otras palabras, como ya se ha señalado, el final de las pesquisas.

Solo en lo que afecta a los movimientos de dinero, el total de fondos que han cambiado de manos contabilizados hasta este momento es de 647.876 euros, en operaciones en las que están involucradas 757 identidades diferentes y 42 países. Los principales países de destino de estas importantes cantidades son Georgia, Rusia y España -lógico, al tratarse de una mafia georgiana-, mientras que entre los de origen destacan España, Georgia e Italia. También marca la competencia de la Audiencia Nacional el hecho de que la trama mafiosa se dedicara también al tráfico de drogas.