El presidente del TSJA frena un acuerdo para mantener a Alaya con el caso ERE

Lo que para cualquier otro juez supone poco más que un trámite se está convirtiendo en una pesadilla para Mercedes Alaya, durante un lustro instructora del caso ERE y desde hace dos meses a la espera a que el CGPJ dé luz verde a que pueda seguir investigando los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio el jueves el penúltimo paso para acabar con esta situación y avaló la continuidad de la sevillana como juez de apoyo de su sustituta, María Ángeles Núñez Bolaños.

Sin embargo, el presidente del tribunal superior, Lorenzo del Río, contrario a este acuerdo, lo frenó y optó por no incluirlo en el orden del día, pese a que, según fuentes del TSJA, ya estaba deliberado y con las posiciones de los seis miembros presentes definidas: cuatro a favor de la continuidad de Alaya y dos (uno de ellos Del Río), partidarios de apartarla del juzgado.

Al término de la reunión, un escueto comunicado del TSJA informaba de que la Sala de Gobierno había «pospuesto la decisión y el informe sobre el plan de actuación en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla para seguir deliberando los términos del mismo en la próxima reunión». Esta circunstancia ha causado un profundo malestar en magistrados del TSJA, que califican de «deslealtad» el comportamiento de su presidente, pendiente de su reelección el próximo mes de noviembre.

División del caso en piezas

Como informó ABC, el pasado 8 de septiembre el CGPJ solicitó a la Sala de Gobierno del TSJA un nuevo informe sobre el plan de trabajo aprobado por este órgano. El Consejo quería saber de qué forma influía en el reparto de asuntos la división del caso ERE en piezas separadas. El TSJA ya había adjudicado dos meses antes Mercasevilla y los ERE a Alaya y las otras dos causas que afectan a la Junta, cursos de formación y avales a empresas, a su sustituta, Núñez Bolaños. Sin embargo, esta juez, aprovechando el silencio del Consejo sobre la continuidad de Alaya, se adelantó a la decisión que al respecto tenía que tomar la Audiencia de Sevilla, y optó por dividir los ERE a instancias de la Fiscalía. Para el Consejo, esta circunstancia podía plantear un escenario distinto al aprobado hace dos meses. Sin embargo, para la mayoría de la Sala de Gobierno nada hace variar un ápice el plan de actuación que ya ha ratificado hasta en dos ocasiones. El sumario está dividido, sí, pero la carga de trabajo sigue siendo la misma, argumentan fuentes del TSJA.

Sí ha habido, sin embargo, una circunstancia relevante esta misma semana: la renuncia del exconsejero de Empleo Francisco Javier Viera a su acta de diputado -cuando el Congreso estaba a punto de tramitar su suplicatorio-, lo que acerca a los exaforados al juzgado de Sevilla. Que el Supremo iba a tener que deshacerse de la parte del sumario que afecta a los aforados es algo que se daba por hecho (la disolución de las Cámaras como consecuencia de las elecciones generales hace prácticamente inviable que se pueda dictar auto de apertura de juicio oral antes de que Viera deje de ser diputado), pero su renuncia precipita el desenlace en el Alto Tribunal y, por tanto, la remisión del procedimiento a Sevilla.

Solo quiere funcionarios

A su vez, Núñez Bolaños, de quien Alaya ha cuestionado su inexperiencia en la jurisdicción penal y su amistad con el consejero de Justicia, Emilio Llera, no parece dispuesta a querer compartir con su antecesora los asuntos de un juzgado que no hace mucho tenía cercada a la Junta de Andalucía.

Prueba de ello no es solo el escrito en el que hace unos meses solicitó al TSJA que dejara a Alaya solo con Mercasevilla, y no con los ERE, sino el que ha remitido esta misma semana al TSJA a petición de su presidente (el propio Lorenzo del Río). En él asegura que, tras la división del procedimiento en piezas, ya no necesita dos jueces de refuerzo y que es suficiente con Álvaro Martín, cuya comisión de servicios renovó el CGPJ esta misma semana. Por tanto, Bolaños quiere «prescindir» de la comisión de servicio que fue aprobada para que Alaya le ayudara. Es decir, prescindir de la sevillana. Dice que en vez de jueces, necesita más funcionarios para seguir con la investigación de las macrocausas y el trabajo ordinario del juzgado.