Manuel Chaves González y José Antonio Griñán
Manuel Chaves González y José Antonio Griñán

Las propuestas de los partidos para acabar con la corrupción

Las únicas formaciones que no han enviado ninguna medida a Transparencia Internacional son PP, PNV y Coalición Canaria

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A pocos meses de las elecciones, los doce partidos políticos más importantes del país han enviado a la organización Transparencia Internacional España sus propuestas para intentar acabar con la corrupción, un mal extendido entre las principales formaciones que concurren a las urnas.

Los únicos partidos que no han enviado ninguna medida a esta organización son el PP, PNV y Coalición Canaria, aunque sí han remitido el cuestionario que Transparencia Internacional envió a todas las formaciones el año pasado sobre las propuestas contra la corrupción.

Los socialistas se postulan los primeros en cuanto a número de medidas enviadas contra la corrupción enviadas a esta organización. Entre las más destacables se encuentra la de «prohibir el nombramiento y hacer obligatorio el cese como altos cargos en todas las administraciones públicas de quienes se hallen incursos en juicio oral a título de imputados o procesados por delitos de corrupción política».

Una medida que este partido ya ha llevado a cabo con Manuel Chaves y Gaspar Zarrías.

Izquierda Unida propone la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la financiación de todos los partidos políticos con representación parlamentaria que alcance, al menos, a los últimos 20 años. Podemos, en la misma línea, también aboga por levantar fronteras, pero para que las medidas propuestas sean fiscalizadas a través de un control de seguimiento y evaluación de las políticas en el ambito del antifraude para poder comprobar que las medidas pasan del discurso, y van más allá del programa.

Los partidos no desarrollan cómo llevarán a cabo estas propuestas. Sin embargo, es un primer paso en la lucha contra la corrupción. Por eso Ciudadanos, la formación liderada por Albert Rivera, se atreve con la ampliación del plazo de prescripción de los delitos por corrupción o con la modificación de la legislatura de incompatibilidades para restringir las llamadas puertas giratorias.

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