Núñez planea dejar a Alaya con las «migajas» del caso ERE

El 25 de junio fue una jornada especial para Mercedes Alaya. Por primera vez vio refrendadas las tesis que había defendido durante cuatro años sorteando presiones de todo tipo y hasta escraches en la puerta de los juzgados. El auto más trascendental de su carrera no lo firmó ella, sino el instructor del caso ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que inculpó de manera formal a la antigua cúpula de la Junta de Andalucía (Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera) en el «gran fraude» de las prejubilaciones trucadas.

Pero ahí acaban las buenas noticias para la juez que hacía temblar con sus autos al «establisment» socialista andaluz. Con el plácet de la Fiscalía Anticorrupción, su sustituta al frente del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, planea dar un golpe de mano que termine apartando a su antecesora de la investigación de la rama política de la trama de corrupción que más convulsiones ha causado en el partido que gobierna la Autonomía desde hace 33 años.

A la semana de llegar al despacho, la juez inició el trámite para seccionar la causa de los ERE fraudulentos, en contra del criterio que Alaya ha mantenido durante la instrucción. Núñez dio cinco días (un plazo ya vencido) a las partes para que se pronunciaran sobre la solicitud de Anticorrupción de trocearlo en tres grandes bloques: uno dedicado a las sobrecomisiones pagadas a mediadores, otro sobre el diseño político-financiero del «fondo de reptiles», y una tercera rama centrada en las más de 200 subvenciones irregulares que la Consejería de Empleo concedió a empresas entre 2001 y 2010.

En los juzgados pocos dudan de que dividirá el caso y se reservará para sí el bloque relativo a las transferencias de financiación utilizadas para pagar subvenciones a espaldas de la Intervención de la Junta, un procedimiento «ilegal» que llevó a Barreiro a ratificar la imputación de los expresidentes. Es la parte más delicada de la investigación, porque afecta directamente a Chaves, Griñán y a sus exconsejeros. A la hora de repartir las tareas, Núñez, que tiene amistad con el consejero de Justicia, el fiscal Emilio de Llera, dejaría a su antecesora los más de 200 expedientes sobre empresas. En el caso de que el Supremo devolviera al juzgado el procedimiento iniciado contra los aforados cuando en otoño se disuelvan Las Cortes, los ex mandatarios de la Junta se librarían así de sentarse a declarar ante la juez que se enfrentó al sistema andaluz.

La propia Alaya tiene su cuota de responsabilidad en esta situación. El detonante fue el ascenso que solicitó y le fue concedido. En menos de un mes ha pasado de ser señoría a ilustrísima magistrada de la Audiencia de Sevilla. Con lo que no contaba la súperjuez era con la obstinación de su sucesora en el juzgado en alejarla de la causa que ha acabado con la imputación de dos expresidentes autonómicos por prevaricación. Confiaba en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le dejara seguir instruyendo las macrocausas gracias a la comisión de servicio que le ha sido asignada. Pero éste sólo ha accedido a que prosiga con las pesquisas del delito societario de Mercasevilla y de los ERE falsos hasta que se resuelva la división del caso. Y ahí entra el «plan B» de María Núñez.

La maniobra está ya en marcha. Antes de que Alaya ocupe el despacho que tiene reservado como juez de refuerzo en la tercera planta de la sede judicial del Prado de San Sebastián en Sevilla, su sucesora puede dictar un auto ordenando la división del caso sin esperar a que la Audiencia de Sevilla resuelva el recurso que los fiscales plantearon contra el rechazo de Alaya a trocear una macrocausa que considera «inescindible». Defienden que hay que seccionarla por «economía procesal», para darle agilidad, postura que comparte el Supremo. En medio de esta guerra, Núñez puso objeciones ante el TSJA a que Alaya se quedara con el caso ERE escudándose en que la Audiencia de Sevilla debe decidir sobre la conformación de piezas separadas.

Núñez, a diferencia de Alaya -que ha tenido sonados encontronazos con los fiscales-, «va a hacer lo que le diga la Fiscalía», aseguran las mismas fuentes. De hecho, varios abogados inmersos en la causa consultados por ABC admiten que están esperando la resolución desde el pasado miércoles, una vez que el TSJA insistiera en el plan de reparto de las macrocausas que ya aprobó y que el Consejo General del Poder Judicial ratificará este mes. Entre tanto, Núñez ha ocupado el vacío asumiendo con ímpetu los ERE. Todos los pasos que ha dado han ido encaminados en esta dirección. La Fiscalía, que depende jerárquicamente del Gobierno central, tardó sólo 48 horas desde que se consumó el relevo en el juzgado en pedirle lo que había reclamado sin éxito hasta en seis ocasiones a su antecesora. Uno de los letrados de la causa utiliza un símil futbolístico para resumir la jugada: «La Fiscalía le ha centrado el balón y Núñez no tiene más que rematarlo».