El conseguidor de Aznalcóllar exigió un 15% de la mina por amañar el concurso

La concesión pública para la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), adjudicada por el Gobierno de Susana Díaz el pasado 28 de abril al consorcio Magtel-Grupo México, está plagada de presuntas ilegalidades, según el sumario del caso.

Las declaraciones de detenidos y testigos ante la UDEF entre el pasado 12 de mayo y el 29 de junio ponen de manifiesto que el concurso público estaba presuntamente amañado. En el centro de la polémica está el grupo cordobés Magtel. Su presidente, Mario López Magdaleno, que fue detenido y se negó a declarar, buscó en 2014 un socio capitalista que pusiera la inversión y los conocimientos, mientras que él se encargaba de ganar el concurso público. Así lo puso de manifiesto ante los agentes de la UDEF Joaquín Jesús Merino, presidente de la minera Emerita Resources Corporation.

Merino, que prestó declaración en calidad de testigo el pasado 21 de mayo, relató a los agentes que mantuvo una reunión con Mario López Magdaleno, presidente de Magtel, el 11 de abril de 2014, solo cinco días antes de que expirara el plazo para presentarse al concurso público, en las oficinas de Emerita.

Según el atestado policial, «Mario López Magdaleno ofrece a Joaquín Merino participar en el proyecto a cambio de un porcentaje que oscilaría entre un diez y un quince por cien» de la empresa que explotaría la mina. Merino responde que Emerita, filial de una multinacional canadiense, «es una compañía cotizada en bolsa y no puede entregar ese porcentaje a cambio de nada».

«Garantico el concurso»

Es entonces cuando el conseguidor de Magtel destapa sus cartas: «Me dijo que lo que viene a ofrecerme es la garantía de que el proyecto será de Emerita puesto que él tiene la llave de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar», aseveró ante la Policía el presidente de Emerita.

Merino insistió en que su empresa «no podía acceder a ese tipo de proposiciones», pero el conseguidor dio un paso más. Pidió salir des despacho donde estaban reunidos «para hacer una llamada» y dijo que después Merino recibiría otra llamada «que le haría cambiar de opinión».

El presidente de Emerita vio desde la venta de su oficina cómo su homólogo de Magtel «se paseaba de un lado a otro en plena Plaza Nueva de Sevilla con su teléfono móvil en la oreja».

Transcurridos sólo unos minutos, efectivamente sonó el teléfono móvil de Joaquín Merino. Al otro lado de la línea estaba, siempre según su relato ante los agentes de la UDEF, Vicente Fernández Guerrero, secretario general de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. El subordinado de Susana Díaz le comunica al empresario que el motivo de su llamada era interesarse por «qué tal iba todo en relación a la documentación del concurso».

Merino, que no daba crédito, respondió lo siguiente: «Me sorprende mucho esta llamada, porque López Magdaleno acaba de salir de mi despacho y me ha dicho que recibiría una llamada que me haría cambiar de opinión respecto al concurso». El secretario general de la Consejería de Economía intentó desmarcarse: «Al tratarse de dos empresas privadas, yo no tengo nada que decir al respecto», respondió.

Emérita decidió no asociarse al conseguidor de Magtel, por lo que esta firma contactó con Grupo México, minera de ese país, y firmaron una alianza para presentarse juntos al concurso bajo la marca Minorbis (Magtel)-Grupo México. Efectivamente, López Magdaleno no iba de farol: la Junta de Andalucía le otorgó el concurso, tras lo que Emerita acudió a los tribunales. La investigación del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha puesto de manifiesto que la licitación estaba presuntamente amañada. Es más, la UDEF denuncia, como publicó ABC, que los ganadores, Magtel-Grupo México, «ni siquiera debieron pasar la primera fase del concurso» porque no cumplían las condiciones. La juez también investiga en concepto de qué «aseorías» Magtel ha pagado diez mil euros mensuales a Andrés Luque, exdelegado provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Trece altos cargos y funcionarios de la Junta han sido detenidos por la Policía Judicial para tomarles declaración, entre ellos la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio.

Susana Díaz utilizó en la campaña de las pasadas elecciones andaluzas la reapertura de la mina de Aznalcóllar como un mérito de su gobierno que traería empleo a la provincia de Sevilla. La presidenta de la Junta, que se ha visto obligada a paralizar la adjudicación, desmiente el presunto amaño. Díaz argumenta que el concurso fue adjudicado «conforme a derecho» porque así lo han manifestado los letrados de la Junta andaluza.