El juicio del «caso Nóos» aún podría demorarse entre seis meses y un año

Decir que el caso Nóos enfila su recta final es cierto, pero aún quedan no menos de seis meses -y el plazo podría llegar hasta un año- para que por fin comience la vista oral. La razón, ahora, es doble: por una parte la Sala, formada por los magistrados Juan Pedro Yllanes, que ejercerá de presidente; Samantha Romero, que será ponente y Eleonor Moyá, debe estudiar a fondo la causa, que contiene decenas de miles de folios, lo que lleva su tiempo; y además hay que coordinar las agendas de los letrados de los 18 acusados para que puedan estar presentes en las sesiones.

Los perfiles de los jueces del tribunal del caso Nóos son variados. Yllanes está considerado como progresista, aunque no está adscrito a asociación alguna y tiene experiencia en casos de corrupción; la ponente, Samantha Romero, está recién llegada de la Audiencia de Tarragona, donde estuvo nueve años, y Moyá goza igualmente de gran prestigio.

Una Sala, en principio, que cuenta con todas las garantías para sacar adelante un caso tan complejo como éste.

La tercera cuestión a la que deben enfrentarse los magistrados es de «intendencia»; es decir, elegir el lugar adecuado para celebrar un juicio en el que hay muchos acusados y que además va a provocar una atención mediática en los últimos años solo comparable con la vista oral de la matanza yihadista del 11-M en Madrid. El lugar elegido, al menos en principio, es la Escuela Balear de Administración Pública, situada curiosamente frente a la prisión y que ya fue utilizada en otro macrojuicio, en este caso contra el clan de narcotraficantes de la Isla liderado por «la Paca».

En cuanto al estado de la causa, simplemente se está a la espera de decisiones sobre algunos flecos, como el de si finalmente se rebaja la fianza Civil de la Infanta, como ha pedido su defensa, una postura que comparte el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach.

Cuando finalmente comience la vista oral, el primer momento clave se producirá con las cuestiones previas, cuando tanto Horrach como los abogados de la Infanta Doña Cristina pedirán que no sea juzgada en aplicación de la doctrina Botín, según la cual no se puede llevar a juicio a nadie si no acusa el ministerio fiscal o la acusación particular, como sucede en este caso.

Primera «patata caliente» para el tribunal

Esta será la primera «patata caliente» para el tribunal, ya que aunque no es obligatorio y puede esperar al final del juicio para pronunciarse, lo lógico es que decida sobre esta cuestión antes de que comiencen los interrogatorios a los acusados. La razón es que si su decisión es favorable a los intereses de la Infanta ésta no tendría que pasar por el trago de vivir el juicio en el banquillo de los acusados.

El fiscal, al margen de su postura sobre la no culpabilidad de la Infanta, que ha sido inalterable a lo largo de toda la instrucción, cuenta con una baza a su favor: ha llegado a acuerdos de conformidad con varios de los acusados, algunos de ellos clave como son el exdirector general de deportes balear, José Luis Ballester, y el contable de Nóos, Marco Antonio Tejeiro.