El antecedente del Yak 42: De dos a cuatro meses, frente a 48 horas

Entre las toneladas de dolor que ha dejado esparcidas sobre los Alpes el vuelo de Germanwings estrellado por su copiloto, cabe encontrar al menos dos motivos para sentirse satisfecho: la unidad sincera demostrada por Francia, Alemania y España y la ejemplar gestión de la investigación y comunicación llevada a cabo por las autoridades galas. Dos lecciones que no pueden por menos que recordar lo diferentes que fueron los hechos, hace casi doce años, cuando un fatal accidente costó la vida a 62 militares españoles que volvían de cumplir una misión en Afganistán en un Yak 42. Entonces, las prisas y el hermetismo para dar por cerrada cuanto antes la tragedia acabó por enquistarla y convertirla en bochorno nacional y en arma de manipulación política.

La autoridad forense francesa ha adelantado que las víctimas de Germanwings tardarán en ser identificadas entre dos y cuatro meses. «No se comunicará ninguna identidad hasta que se tengan los resultados de todos los análisis y eso tardará entre dos y cuatro meses», subrayó el coronel François Daoust, director de la Oficina de Investigación criminal de la Gendarmería.

En el caso del Yak-42, entre el accidente y el entierro de las víctimas transcurrieron apenas 48 horas. Ello propició errores en la identificación de 30 de los cadáveres, por los que la Justicia formal condenó al general Vicente Navarro y otros dos oficiales de Sanidad militar, pese a que el general, haciendo honor a su condición y jerarquía castrense, quiso exonerar a sus subordinados.

El fiscal señaló en su informe final que «los cadáveres tenían que salir de allí inmediatamente, con mucha prisa». Condicionados o no, añadió, por la celebración de un funeral de Estado, el equipo médico que viajó a Turquía sabía «desde un primer momento» que tenían que traer a España los cadáveres «como estuvieran». El fiscal, que no llegó a preguntar si la actuación del general Navarro fue consecuencia de alguna orden superior, estimó que eran muchos los indicios que apuntaban a que el plan de traer los cadáveres con urgencia se puso en marcha al día siguiente del accidente: pese a tener a su disposición a un biólogo y a un odontólogo, los médicos militares prescindieron de su ayuda, como también del ADN de las familias; se programaron los vuelos y los servicios de funeraria; se puso fecha al funeral «cuando no existía la más remota posibilidad de que estuvieran identificados los cuerpos», añadió en su alegato el Ministerio Público.

El caso fue instrumentalizado por el PSOE contra el Gobierno de Aznar. El que luego sería ministro de Defensa con Zapatero, José Bono, llegó a acusar a Federico Trillo, titular del departamento, de «haber dado órdenes de apresurar la identificación de cadáveres». El portavoz socialista de Defensa, Jesús Cuadrado, aseguró que «los verdaderos responsables estaban en los despachos que dirigían el Gobierno». La entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, declaró en los pasillos del Congreso que «los verdaderos responsables están ahí sentados». El que no está es el general Navarro muerto en 2010 por una enfermedad que tal vez fue el último precio que le tocó pagar por lo sufrido y padecido con el Yak-42.