Bárcenas evita el «paseíllo» del juzgado de Palma en su declaración por el PP balear

El juez del caso Palma Arena, José Castro, ha accedido este jueves a que el extesorero del PP Luis Bárcenas declare como testigo por videoconferencia desde Madrid el 11 de marzo en el marco de la investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP balear.

En una providencia dictada hoy, Castro atiende la petición formulada por Bárcenas, de manera que no tendrá que acudir a los juzgados de Palma para prestar declaración, algo contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los testigos residentes fuera del partido judicial desde el que se les cita.

El juez mantiene las citaciones en persona para el empresario Antonio Pinal, como imputado, a partir de las 16.00 horas, así como de dos testigos más: la ex jefa de gabinete del expresidente Jaume Matas y exdirectora general de IB3 María Umbert, y el exgerente del Ib-Salut y actual vicepresidente de la patronal CAEB, Sergio Bertrán.

Castro realizó estas citaciones en la pieza número 28 del caso Palma Arena, titulada «De la presunta financiación ilegal del Partido Popular de les Illes Balears», tras tomar declaración como testigo al exconcejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien aseguró que varios empresarios le confesaron que el PP exigía un 3 por ciento de comisión a los adjudicatarios de obras públicas durante la legislatura 2003-2007, cuando era presidente Matas.

De Santos dijo que creía que las comisiones ilegales se solicitaban con el conocimiento de la dirección estatal del PP. El exconcejal ratificó además dos declaraciones que había prestado anteriormente ante la Fiscalía Anticorrupción en las que detalló que varias personas, entre ellas Umbert y Bertrán, le dijeron que el entonces gerente del PP (y cuñado de Matas), Fernando Areal, había pedido comisión a los licitadores que optaban a la construcción del hospital de Son Espases.

También se refirió al supuesto pago de la sede del PP en Palma por parte del constructor Antonio Pinal y dijo que le presentaron al empresario como damnificado por no haber resultado adjudicatario de la reforma de Sa Gerreria y que entendió que se le debía algo, aunque no tiene constancia directa de que se le compensara con obras públicas por el pago de la sede.