Otro etarra, en libertad, a falta de un criterio uniforme sobre la acumulación de condenas

El etarra Jesús García Corporales será otro de los beneficiados por la acumulación de condenas que están llevando a cabo algunas secciones de la Audiencia Nacional sin esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie el próximo 13 de enero. Aprovechando el aplazamiento del Pleno del Alto Tribunal a esa fecha, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, como ya hizo la Sección Primera con «Santi Potros», ha descontado a García Corporales su actual condena la pena de cuatro años de prisión que cumplió en Francia, con lo que será excarcelado el viernes y podrá recibir el Año Nuevo en su casa.

Fuentes jurídicas señalaron que el auto en el que se acuerda la excarcelación data del pasado viernes, pero que la acumulación de condenas viene del mes de junio, cuando aún no había entrado en vigor la ley que limitó la aplicación de la decisión marco europea que obliga a acumular las condenas impuestas por cualquier país de la UE.

Por lo tanto, precisan esas fuentes, en su caso la aplicación de esa ley (que solo permite la acumulación para condenas posteriores a agosto de 2010) no sería posible.

En el propio auto, el tribunal (Carmen Lamela, Antonio Díaz Delgado y Clara Bayarri) recuerda que la ley que entró en vigor limitando esa decisión marco no puede modificar «extemporáneamente» una medida que ya es «firme».

«La entrada en vigor con posterioridad de una ley penal desfavorable no puede ser aplicada retroactivamente en perjuicio del penado», se justifica la Sala.

Preso de la «vía Nanclares»

García Corporales, preso desvinculado a la banda e integrado en la denominada «vía Nanclares» de reinserción, formó parte a principios de la década de los noventa del «comando Madrid» de ETA, junto a históricos como María Soledad Iparraguirre, «Anboto» y José Javier Arizcuren Ruiz «Kantauri».

Cometió su primer atentado el 24 de mayo de 1992 junto al estadio Vicente Calderón de Madrid, hiriendo a los miembros de una patrulla policial. También se le atribuye la colocación, el 30 de noviembre de 1992, del coche-bomba que causó la muerte del subteniente jubilado de la Guardia Civil Miguel Miranda.