Los sueldos de los altos cargos serán públicos a partir del miércoles

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, verá esta semana hecho realidad uno de sus proyectos estrella de esta legislatura, la puesta en marcha de la Ley de Transparencia. La entrada en vigor de este proyecto de ley coincide con una demanda ciudadana sobre la necesidad de conocer los procedimientos administrativos para evitar que se produzcan escándalos de corrupción. Aunque fue aprobado en noviembre de 2013, será mañana miércoles cuando empiece a aplicarse.

El instrumento fundamental que permitirá a los ciudadanos conocer el destino y la cuantía de las subvenciones que conceden los distintos organismos del Estado es el denominado Portal de la Transparencia. Se trata de una página web que se podrá consultar también a partir de mañana, una vez que esté operativa, y en la que se han invertido 1,4 millones de euros.

A partir de ahora, bajo la lupa de los ciudadanos quedarán los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, la Casa del Rey, las empresas que reciban un 50 por ciento de subvención pública (superior a 100.000 euros), las iglesias, el Congreso y el Senado, el Banco de España y el Tribunal de Cuentas, entre otros organismos oficiales. También quedarán expuestos al público los sueldos de los altos cargos.

Los ciudadanos podrán dirigirse a las administraciones para pedir información sobre cualquiera de estas partidas. Las consultas podrán realizarse a través de una «una ventanilla permanentemente abierta, las veinticuatro horas y los siete días a la semana».

La ley establece unos límites al acceso a la información. Además de restringirlo por suponer un perjuicio para la seguridad y la defensa nacional, la prevención de delitos o el secreto profesional, la norma también fija como límites «los intereses económicos o comerciales, la política económica y monetaria, la protección del medio ambiente o la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión».

En la norma también se establece el denominado silencio administrativo negativo. Ello supone que la administración concernida no esté obligada a contestar a un requerimiento de información y, al no hacerlo, el solicitante debe entender su solicitud como rechazada.

El Gobierno considera que esta ley es «una de las más avanzadas» de Europa y su objetivo es «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento», informa Servimedia.

Aprobada en 2013

Esta medida legislativa incluye la constitución de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que presidirá Ester Arizmendi. Este organismo estará formado, entre otros, por un diputado y un senador que el PP negocia con las formaciones políticas, especialmente con PNV y CiU. Este escenario se produce después de que el PSOE renunciara a pactar en solitario con el PP esos dos nombramientos parlamentarios y planteara abrir la negociación al resto de grupos.

El plazo para presentar las propuestas de nombres en la Cámara Baja, que tendrán que recibir después el visto bueno de la Comisión de Hacienda, se amplió hasta mañana. Día en que entra en vigor la ley y en la que el Gobierno se comprometió a que estaría constituido y operativo el Consejo de Transparencia. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen una moratoria de dos años para aprobar su norma. Desde el Gobierno han sido muchas las ocasiones en las que se ha destacado la importancia de esta normativa. La impulsora de esta norma ha sido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que considera que este portal de la transparencia «recogerá en un mismo punto toda la información sobre contratos, subvenciones e información presupuestaria», así como «el montante de las retribuciones de los altos cargos».