Del independentismo catalán a la nación canaria: los mil y un modelos de Estado para España

La consulta de Mas

Artur Mas acudió al Palacio de la Moncloa en busca de un «no» que le permitiera convocar elecciones y embarcarse en una aventura separatista. Era septiembre de 2012 y, entonces, el presidente de la Generalitat no reclamaba la independencia. Le bastaba con el pacto fiscal, con tener el control absoluto de los impuestos y disponer de una Hacienda propia.

Rajoy dijo no -«Es contrario a la Constitución»- y Mas convocó unas elecciones que, lejos de refrendarlo, lo dejaron en manos de ERC y la plataforma independentista ANC. Desde entonces, el presidente de la Generalitat se ha ido estrellando contra la legalidad en cada uno de sus pasos.

Intentó que el Congreso de los Diputados avalara su consulta soberanista, y se encontró con el rechazo mayoritario de la Cámara. Aprobó una ley de consultas para convocar el referéndum que preguntaría sobre la independencia y ambas iniciativas están suspendidas por el Tribunal Constitucional. La última bala de Mas es una consulta sin convocatoria oficial y sin censo, como si fuera una manifestación.

Los nacionalistas catalanes tienen claro que el actual modelo territorial no les vale. Otra cosa es la alternativa. Dentro de CiU, Mas y Duran i Lleida no se ponen de acuerdo. El primero, al frente de CDC, aboga por el «sí-sí» -que Cataluña sea un Estado y además independiente-. Duran, líder de UDC, votaría sí a la primera pregunta de la consulta -¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?- y prefiero no mojarse en la segunda: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?

La postura de ICV es idéntica a la de Duran. El líder de los excomunistas, que ha acompañado con dudas a Mas en su viraje independentista, se ha apartado del bloque separatista tras la consulta alternativa propuesta por el presidente catalán. ERC votaría «sí-sí». Y si el TC mantiene la suspensión del 9-N impulsaría una declaración unilateral de independencia. El modelo de Estado que está en la cabeza de Oriol Junqueras tiene poco aprecio por las leyes.

La reforma aplazada del PSOE

El PSOE defiende la ley y la soberanía nacional frente a las exigencias de la Generalitat de Cataluña. Pero Pedro Sánchez quiere reformar la Constitución. Es, insiste, la única manera de resolver la crisis catalana: el diálogo de los socialistas frente al enfrentamiento de Mas y Rajoy. ¿Qué tipo de reforma quiere? «Tiempo al tiempo», responde. El PSOE firmó la declaración de Granada, el documento en el que consagró su alternativa, en julio de 2013.

Por ahora los socialistas han dado pocas pistas cuál es el modelo federal que desean para atajar las reivindicaciones de los nacionalistas. Sánchez quiere, sin concretarlo, que las competencias queden bien delimitadas, que se asegure la financiación de las autonomías, una reforma del Senado y reconocer las «singularidades» de algunas comunidades.

Por el lado de los derechos, el PSOE se inclina por reconocer «nuevas formas de familia, la supresión definitiva de la pena de muerte o «blindar» un porcentaje de PIB mínimo anual para la educación y la sanidad.

Ningún partido apoya al PSOE. Algunos, como el PNV, porque siguen sin saber qué propone Sánchez - «No le he conseguido arrancar nada». Otros, como el PP, porque no ven necesidad de emprender una reforma constitucional. Y los demás, como los nacionalistas o IU, porque se les queda pequeña la propuesta de los socialistas.

Así Sánchez ha optado por aparcar su ponencia sobre la reforma hasta que Rajoy y Mas se avengan a dialogar. La «única alternativa a la crisis» sigue en el cajón. Y eso que el PSOE tiene diputados suficientes para registrar en el Congreso la petición de ponencia de reforma constitucional.

La soberanía compartida del País Vasco

Íñigo Urkullu, desde el País Vaco, ve el proceso catalán con cautela. Escarmentado por el fracaso del «plan Ibarretxe», el lendakari prefiere esperar a la resolución del desafío de Mas. Cuando le preguntan por una posible consulta, el presidente vasco no renuncia a ella, pero la aplaza al año 2015. Este año sus prioridades han sido otras: los servicios públicos, la recuperación económica y el llamado plan de paz y convivencia.

El PNV insiste en que quiere «hacerlo bien», y defiende seguir su propio ritmo, sin presiones, «respetuosos con los procedimientos». La ruta de Urkullu se basa en la idea de la soberanía compartida, seguir el ejemplo de la votación en Escocia para integrarse en Europa. Porque el futuro del País Vasco, dice el lendakari, es la Unión Europea. «Construir Europa desde el respeto y la participación de los pueblos que la conforman, aceptando la soberanía compartida desde la base».

Tal y como dijo Urkullu en el último Pleno de Política General, su Gobierno persigue un «nuevo pacto político» que reconozca el «sentimiento de identidad nacional vasca» y «el pueblo vasco como sujeto político». El camino es «utlizar la democracia para adaptar, de manera pactada, la Ley a la voluntad popular».

La vía planteada por el lendakari supondría «actualizar el autogobierno, avanzar en términos de mayor soberanía y validar el derecho a poder ser consultados sobre la vertebración política», siempre que la mayoría del Parlamento Vasco lo demande y «respetando los procedimientos establecidos». Esto es, una nueva reforma de la Constitución para «adecuarla» a la «voluntad» de la sociedad vasca.

La nación canaria

Como Urkullu, Paulino Rivero quiere para Canarias una soberanía compartida. Un estatus especial en el que la Administración del Estado en las islas se lmitaría a las Fuerzas Armadas. Según informa Bernardo Sagastume, la principal parte del Gobierno regional se destina a educación y sanidad, competencias transferidas por el Estado. Pero Rivero quiere más: «Un nuevo marco de relaciones con el Estado a través del ámbito competencial sobre el principio de Administración única».

El presidente canario mantiene que el objetivo del Archipiélago debe ser constituirse como nación: «Debemos tender a una soberanía que geográficamente ya poseemos, una soberanía que nos permita avanzar en las políticas propias. Debemos trabajar por Canarias como una nación con capacidad para decidir su futuro».

En estos momentos, el Gobierno insular mantiene un pulso con el Estado a cuenta de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago. Rivero quiere someter a referéndum el cambio de modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo.

El Gobierno central ya ha iniciado los trámites para recurrir la convocatoria al Tribunal Constitucional, lo que supondría su automática suspensión. Siguiendo el ejemplo de los nacionalistas catalanes, los dirigentes insulares acusan al Ejecutivo de querer «tapar la boca a los canarios».

Rivero, mientras tanto, seguirá reuniéndose con Urkullu, con quien se ha visto «en varias ocasiones» estos últimos años, porque coinciden en «la necesidad de avanzar hacia un modelo que ampare la diversidad territorial del Estado».

La excepción navarra

Ni Cataluña ni el País ni Canarias. La única comunidad autónoma con potestad de realizar un referéndum legal para cambiar su estatus en España es Navarra.

Si bien el artículo 145 de la Constitución deja claro que «en ningún caso se admitirá la federación de distintas comunidades autónomas», una disposición transitoria, la cuarta, establece que en el caso navarro la iniciativa para integrarse en el régimen autonómico vasco «corresponde al Órgano Foral competente».

Y, cuando se acercan las elecciones autonómicas y forales, la opción de celebrar un referéndum pasa al primer plano del debate político. En la actualidad, este debate es más intenso ante la posibilidad de que salga un gobierno nacionalista tras los comicios de mayo, informa Pablo Ojer.

UPN y PP quieren suprimir la disposición cuarta para que solo tenga vigor el artículo 145 de la Constitución. Los nacionalistas que los «navarros decidan». El Parlamento navarro es quien tiene potestad para convocar la consulta, que sería doble. El Parlamento solo podría preguntar si Navarra quiere integrarse o no en el País Vasco. Y, si hay acuerdo, someterlo de nuevo a refrendo.