Las coberturas sociales calman el impacto de la crisis económica y demográfica

En una Comunidad como Galicia la política social es siempre algo más que un pilar básico del Estado de Bienestar. Es una cuestión prioritaria, al entender que desde la administración se pueden sostener —de hecho se sostienen— contrapesos a los rigores de nuestra pirámide de población, en forma de prestaciones para los más mayores e incentivos para que nazcan más niños. Galicia ha hecho bascular la balanza en estos últimos siete años. Hoy más del doble personas perciben una renta fija para paliar la exclusión social, se ha creado la Axenda Social Única, las ayudas por dependencia llegan a más personas, hay más plazas de guardería que entonces y los recién nacidos vienen con una ‘caja finlandesa’ bajo el brazo.

Por partes. En 2009, el número de personas que percibían una Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA) era de 4.798 personas. En la actualidad, son 9.713 los gallegos que, con inclemencias y variaciones, perciben una paga que oscila entre los 380 euros hasta los 600. Son las coberturas del gobierno autonómico para paliar en la medida de lo posible la desigualdad a consecuencia de la crisis. Debe ser así, ya que la pensión media por jubilación en régimen general en la Comunidad pasó de alcanzar los 926 euros hace siete años a establecerse en cien euros más, 1.027.

La llamada cuarta columna del Bienestar, la dependencia, ha tenido una evolución sostenida en el tiempo. Según los datos del Imserso, hay 16.000 personas más protegidas por prestaciones que al comienzo de esta década. En cifras, se ha pasado de 28.589 personas a 44.965. El Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia considera personas beneficiarias con prestación a un 1,65% de la población total de la Comunidad.

El repunte de las medidas sociales se explicita en una frase muy recurrente en las intervenciones del presidente Núñez Feijóo, que viene a decir que antes Galicia no podía permitirse nada que no fuera lo fundamental, pero tras siete años de actos de constricción, llega el momento de soltar lastre. Una forma de explicar que las estrecheces de ayer son las prestaciones de hoy. Lo explica un dato de la Encuesta Estructural a Hogares del IGE, que muestra que en el 2010 un 13,27% de gallegos pasaba muchas dificultades para llegar a fin de mes. Ese porcentaje se ha reducido en 2016 a casi la mitad, cuando lo afirman un 6,96%. El crecimiento progresivo de la economía —en términos anuales, se sitúa entorno al 3%— y las ayudas para reducir la brecha social han posibilitado la mejora de estos indicativos.

Cifras que demuestran el grado de complejidad social al que se puede enfrentar la Comunidad cuando tome definitivamente la senda de la expansión y deje de mirar por el retrovisor la pesadilla, y las consencuencias, de la crisis. Por ello, todos los partidos ya dedican esfuerzos a desarrollar sesudos planes de intervención pública sobre los problemas sociales de los ciudadanos. La red de apoyo doméstico —Galicia ya es una sociedad urbana pero enraizada sobre unos cimientos todavía basados en lazos familiares— son factores que aliviaron los rigores de la crisis.

Un indicativo de la voluntad política mostrada en la fase final de esta segunda legislatura llegó con el último cambio de gobierno y la creación de la Consellería de Política Social, asumida por el exalcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. Una de las medidas estrella de su departamento fue la llamada Agenda Social Única elaborada en coordinación con los ayuntamientos. Con un presupuesto asignado de 168 millones de euros, contempla ayudas como el llamado ticket eléctrico para el pago de la factura de la luz.

Eso por una parte. Por otra, ha habido paquetes destinados a los recién nacidos y la juventud, focalizados muchos para facilitar la vida a los 291.744 jóvenes que en 2014 aún vivían en casa de sus padres. La más reciente, la caja de Bienvenida o conocida popularmente como finlandesa. Para jóvenes, la Tarjeta Transporte presentada hace escasas semanas habilita a los gallegos menores de 18 años la gratuidad del transporte público. La labor de las políticas públicas se ha visto reforzada por la acción del tejido asociativo. Hoy día, operan en Galicia 1.472 entidades prestadoras de servicios sociales, de las cuales 800 son privadas, 335 públicas y otras 337 se definen como de carácter social.

Violencia de género

Una lacra a combatir, también desde las administraciones públicas. Las últimas cifras definitivas, las del año 2015, que fijan en 1.185 las personas víctimas de violencia de género. Las ayudas que concede la Secretaría Xeral de Igualdade oscilaron, en el primer trimestre del año, entre los 800 y los 300 euros mensuales. La cuantía aumentó ligeramente desde 2009, cuando los pagos mínimos eran de 200 euros y los máximas de 600.

Algo pasa, no obstante, cuando el número de denuncias no llega ni al diez por ciento sobre el número de víctimas. La conducta de 165 hombres fue puesta en conocimiento de los tribunales. El número de mujeres denunciadas es algo menor, no llega a 30. Ni siquiera superan la cantidad de infracciones detectadas (259), aproximadamente la mitad por lesiones (131), seguidas de torturas y agresiones contra la integridad moral (50) y amenazas (49). La red de atención psicológica a las víctimas de la violencia de género en Galicia cuenta con 124 profesionales repartidos por todo el territorio y un servicio 24 horas para las afectadas. Durante el primer semestre del año, se recibieron 418 víctimas.