La propiedad en la diana

No son buenas noticias las que circulan estos días respecto a la política de vivienda del actual gobierno de la Nación . Con independencia de la responsabilidad y competencia en la materia, residente en las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, de lo limitado del alcance inmediato de la intervención estatal en el mercado, las reformas que se proponen contienen una carga ideológica difícil de ignorar en este momento. No entro, por la obviedad de la conclusión, en el análisis profundo respecto a las formas para implementar la nueva regulación que se anuncia. Utilizar la vivienda como medida de presión para aprobar los presupuestos generales del Estado , considerarla moneda de cambio para conformar mayorías entre los partidos de gobierno, parece que no es la mejor manera de afrontar un problema real, que nadie niega y que afecta a algo tan esencial en la vida de los ciudadanos, tan determinante, incluso y si se me permite, para la definición del futuro del propio Estado, como sin duda lo es la regulación del derecho de propiedad y la vivienda. Hasta hoy se ha venido constatando que las políticas de vivienda, cualquiera que fuera el pretendido alcance de las reformas propuestas por las diferentes administraciones, han tenido siempre efectos coyunturales. Sólo han influido en el mercado, de manera positiva o negativa, de forma temporal y sin capacidad para producir un cambio sistémico. Una de las principales causas es que el sistema español de vivienda, a pesar de sus muchas disfunciones y del amplísimo margen de mejora existente, responde a un mercado sólido y estable. Esa resiliencia es debida en buena medida, claro es, a la potencia de un sector inmobiliario que ha venido asumiendo en todo momento su condición de motor de la economía española procurando, por supuesto, el beneficio de los empresarios, pero conociendo su capacidad, su aptitud como generador de riqueza y progreso de los ciudadanos. El sistema español, con excepciones como las hay en el devenir de cualquiera de los procesos macro en la economía de los países modernos y democráticos, ha sabido responder a tensiones y tendencias proponiendo cambios y acomodando herramientas e instrumentos para implementarlos.

Así las cosas y a la vista de las maneras y del contenido material de la regulación que se anuncia, pongo muy en duda la eficacia real de las mismas, aunque no su capacidad destructora. Las prisas y las puertas de atrás pocas veces logran tener el alcance y el efecto que se pretende. No obstante, hay una cuestión de fondo muy grave y, desde luego, muy preocupante. No resulta difícil pronosticar el fracaso de la nueva regulación. Sus efectos prácticos sí afectarán coyunturalmente al mercado. Dejarán bloqueado el mercado del alquiler durante algún tiempo, el afán intervencionista será contrarrestado con la protección de su patrimonio por propietarios y pequeños agentes, que sufrirán a medio plazo las consecuencias de una intervención indeseable e inapropiada, por mucho que nazca condenada a la ineficacia, como ya se ha demostrado en otros mercados vecinos. Pero en sus genes está un peligro aún mayor. Contiene el origen de un ataque sin parangón a la propiedad privada. Y una acometida así puede convertir algo ineficaz en un arma que va directamente contra el sistema de vivienda. Va más allá de generar en su aplicación una inseguridad jurídica que roerá, por supuesto, los cimientos del sistema. La ideología oculta bajo esta regulación no sólo roe esos cimientos, destruye su núcleo. Suponen un afán por mudar o enmendar, que no reformar o actualizar, las bases de nuestro ordenamiento jurídico. Su hipotético desarrollo en sucesivas regulaciones, por más que el mercado pudiera percibirlas como ineficaces a priori, supondría la tacha de la propiedad privada, la cual constituye uno de los fundamentos primeros de todos los ordenamientos jurídicos occidentales.

El sistema de vivienda español está incluido en el modelo mediterráneo, vinculado a la familia . La historia de España contempla, desde la consolidación de la Hispania romana, un sistema de vivienda basado en la propiedad. El tener una vivienda está entre los proyectos de los españoles desde que comienzan el diseño de su futuro. Y esto, por mucho que existan intereses que lo señalen como símbolo de un capitalismo despiadado que hay que abolir, no es malo. Ni siquiera diré que es bueno. Es lo que es. Cierto que un sistema así puede llegar a ser insostenible en determinadas épocas, como la actual, por la incapacidad de acceder a la propiedad en nuestros días para muchos sectores de población.

Durante los años 80 y 90 del pasado siglo se introdujeron cambios en el sistema de vivienda y se produjo un giro del modelo mediterráneo hacia uno neoliberal que favoreció el dominio de vivienda en propiedad frente al alquiler, un escaso parque de vivienda social y un mercado del alquiler sometido a una desregulación progresiva respecto a las políticas de vivienda de la época franquista, pasando a focalizar las acciones en el favorecimiento de la construcción y de la compra de vivienda. Aquellas reformas, impulsadas no sólo por el Partido Popular, también por el PSOE y esto conviene no olvidarlo, alcanzaron un notable éxito entonces, aunque también llevaban ínsitas las causas y los efectos de la devastadora crisis inmobiliaria que se produciría pocos años más tarde, ya en esta centuria. Estos son datos y hechos que pueden contrastarse fácilmente.

En España existe hoy un grave problema de acceso a la primera vivienda y debe de afrontarse sin demora. Se necesitan políticas reformistas que procuren y faciliten ese acceso. Para ello pueden y deben implementarse políticas que faciliten el alquiler a los jóvenes. Pero nunca a través de subvenciones que, apuesten conmigo, no conseguirán ni arrimarse al objetivo. Tampoco gravando el derecho de propiedad hasta la confiscación. No le pongo signo a tales políticas. Creo que tanto el mercado inmobiliario como, por supuesto, los españoles, tenemos la madurez suficiente para obviar ideologías cuando se trata de la propiedad y de la vivienda . En las últimas décadas se han implementado medidas con mejores o peores resultados, pero ninguna ha pretendido, aunque pueda parecer que de la que hoy tratamos no lo haga en el corto o el medio plazo, la descatalogación de la propiedad como derecho fundamental.

Algunas administraciones comienzan a entender que la gestión resulta más provechosa para proteger e impulsar el derecho a la vivienda, reconocido al igual que el de propiedad privada por nuestra Constitución, que las ideologías. Que de lo que se trata es de facilitar el acceso a la vivienda con políticas que no han de tener ideología proclamada sino eficacia contrastada. Que lo importante es atender y adaptarse a las necesidades reales de los ciudadanos que gobiernan. Y así, junto a las formas tradicionales de provisión de vivienda, esto es, en propiedad, en alquiler o pública, contemplan la posibilidad de implementar otras formas de tenencia que faciliten los proyectos de los jóvenes y de los sectores de población más desfavorecidos. Que faciliten, que promuevan, que impulsen, no que prohíban, que limiten, que restrinjan. Pero, eso sí, todo ello sin tener en su diana al núcleo de nuestro ordenamiento constitucional.