Irresponsabilidad fiscal autonómica
Ya es hora de que se apliquen sistemas de control de gestión en los servicios públicos buscando la eficiencia porque los recursos son limitados y las empresas no aguantan más cargas fiscales
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ( Airef ) ha comunicado su pesimismo respecto al cumplimiento de las reglas fiscales de las comunidades autónomas para este año. Según sus previsiones, al concluir 2019 el conjunto global de las regiones se habrá saltado el límite de déficit en unos 5.200 millones de euros. Pero esta previsión corresponde al sumatorio. Si concretamos el análisis por cada comunidad autónoma de forma independiente obtenemos que Madrid junto con Canarias, País Vasco y Navarra son las únicas que este año van a cumplir con los objetivos de déficit. Además, a este grupo se podrían sumar también Andalucía y Asturias , si las autonomías hubieran cobrado el mes de IVA que por el cambio contable que se ejecutó en 2017 no les fue abonado por el Estado cuando hubiera correspondido, en 2019.
Respecto al año próximo, la Autoridad sostiene que Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana no es que no vayan a llegar a los objetivos de estabilidad, sino que aumentarán sus niveles de déficit. De hecho, califica su nivel de deuda como muy alto.
Este prestigioso organismo viene a poner claridad y rigor en la gestión pública y eso es muy bienvenido, pero en lo que no estamos de acuerdo en CEIM es en la sugerencia que propone y que consiste en que, debido a que la cifra global es negativa, se impidan las rebajas fiscales a aquellas comunidades autónomas que han gestionado bien y sí han cumplido con sus objetivos. La Autoridad reclama a Madrid, entre otras, que congelen sus compromisos de bajadas de impuestos, lo cual nos parece muy injusto a los empresarios de Madrid. El trabajo en equipo significa que cada uno acomete una parte de la responsabilidad y, al mismo tiempo, colabora en el conjunto de forma solidaria, pero no consiste en asumir la responsabilidad de todos.
Los gobiernos autonómicos están dotados de corresponsabilidad fiscal , lo cual significa que tienen responsabilidad en la gestión de ingresos y gastos. Y, simultáneamente, tienen que colaborar en el llamado Fondo de Solidaridad Interregional . No parece razonable castigar a quienes lo han hecho bien, como Madrid, en beneficio de quienes lo han hecho mal y además anuncian que van a seguir en la misma línea de falta de competencia. La gestión pública no es sólo gastar , sino gestionar tanto ingresos como gastos de una forma eficiente que permita ofrecer unos servicios públicos de calidad sin debilitar los recursos de los ciudadanos y favoreciendo la actividad productiva porque es la única fuente de ingresos de las políticas públicas.
Lo que sostenemos los empresarios de Madrid es que ya es hora de que se apliquen sistemas de control de gestión en los servicios públicos buscando la eficiencia en el gasto porque los recursos son limitados y las empresas no aguantan más cargas fiscales. Nadie está insinuando que tengan que acometerse recortes en nuestro llamado sistema de bienestar , pero sería muy negativo que se convirtiera en un sistema de malestar por su necesidad de políticas extractivas (en contraposición a las inclusivas).
El famoso libro titulado «Por qué fracasan los países», de los profesores Acemoglu (MIT) y Robinson (Harvard) ya dejó muy clara la importancia crítica de las políticas económicas inclusivas para generar crecimiento económico en las naciones, estimulando la innovación tecnológica y la inversión en el capital humano.
Resulta sorprendente que no se haya aprovechado el crecimiento económico de los últimos años para reducir deuda pública y tampoco parece que este objetivo forme parte de todas las agendas políticas. Deberíamos aspirar a reducir la deuda sobre el PIB a los niveles de 2010, cuando se situó en el 60% y para ello, todas las administraciones tendrían que hacer estudios de evaluación sobre sus políticas públicas. Podría ser una buena idea aplicar en España algunas prácticas del llamado «new public management» que no es otra cosa que ofrecer servicios de titularidad pública desde una óptica de eficacia y eficiencia. La propia Airef ya ha puesto en el foco algunos ejemplos sobre los que trabajar. Hace sólo unos meses indicó que las políticas activas de empleo tenían tantas deficiencias que se hacía necesaria una revisión completa.
Noticias relacionadas
