El Gobierno busca fórmulas para pagar la extra a los jubilados

Julio, como diciembre, es un mes en que la Seguridad Social afronta fuertes necesidades de liquidez en la tesorería. El sistema público debe desembolsar la nómina mensual habitual y las pagas extraordinarias que reciben los pensionistas. Este año la nónima del mes y la extra de verano que cobran en julio los más de 8,5 millones de jubilados supondrá para las arcas públicas una factura cercana a los 17.500 millones de euros, más los cerca de 1.000 millones de la liquidación del IRPF de los pensionistas que también se afronta en julio. Este escenario obligará, de nuevo, a tener que tirar de los ahorros del Fondo de Reserva como ha venido haciendo el Gobierno año tras año desde diciembre de 2012.

Pero la particularidad que tiene este ejercicio es que al Fondo de Reserva le quedan tan solo 15.020 millones de euros, es decir que habría recursos nada más que para pagar una extraordinaria si el Gobierno hubiera decidido gastar todos los ahorros de esa «hucha». Pero no ha sido así. Los Presupuestos de 2017 contienen un préstamo a la Seguridad Social de 10.129 millones para pagar las pensiones en previsión de que el instituto previsor no tendría suficiente con lo que recauda para hacer frente a las prestaciones que tiene que atender.

No será la primera vez que la Seguridad Social reciba dinero de los Presupuestos para equilibrar sus cuentas (el dinero ahorrado en el Fondo son cotizaciones sobrantes de la época de bonanza). Sucedió entre 1994 y 1997, aunque la diferencia respecto a estos momentos es que entonces el sistema público, que también estaba en números rojos, se hacía cargo de las pensiones no contributivas, de los gastos en servicios sociales, de la dependencia y de sanidad. Ahora, en cambio, el préstamo que Hacienda le ha hecho a la Seguridad Social será para pagar pensiones contributivas.

El Fondo no se agotará

Ahora toca decidir qué cuantía se resta de la «hucha» y de cuánto préstamo dispone el Ejecutivo, teniendo en cuenta que en ningún caso se agotará el Fondo de Reserva en previsión de que el cambio de ciclo para el sistema se produzca, las aportaciones vuelvan y la «hucha» de las pensiones recupere el superávit perdido con la destrucción de empleo durante la crisis.

La Seguridad Social esperará, por tanto, a conocer qué ocurre con la recaudación completa del mes de junio —hasta el sexto mes del año ha crecido un 5,3%— y el avance de la de julio para determinar en qué medida tiene que recurrir al crédito para pagar las extras a los jubilados.

De momento, los datos de empleo sí acompañan. La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó los 18.345.414 ocupados el pasado mayo, tras ascender en 223.192 personas (el 1,23%). Se trata del mayor incremento mensual desde julio de 2005 y de la serie histórica en este mes. En términos interanuales, el quinto mes del año cerró con 683.575 afiliados medios más, el 3,87%, las mejores cifras tanto en términos absolutos como en tasa registradas desde 2006.

Pese a esta buena evolución del empleo las previsiones de déficit del sistema siguen siendo las que son. La Seguridad Social fue la única administración que arrancó la crisis en superávit y será la única que la termine con déficit. Un agujero que seguirá aumentando este año pese al fuerte ritmo de creación de empleo debido al mayor gasto en pensiones.

Como ya informó ABC, el Gobierno ha comunicado a la Comisión Europea que espera que el déficit de la Seguridad Social este año acabe en 18.609 millones, 513 más que en 2016, en lo que significaría el mayor agujero de su historia. Así lo detalla el Ejecutivo en la notificación de déficit y deuda enviada hace unas semanas a Bruselas.

El empleo mejora, pero los ingresos actuales no son suficientes para cubrir la nómina de las pensiones. Un gasto que en 2017 alcanzará los 139.647 millones de euros, un 3,1% más que en 2016, según los Presupuestos, y un 42% más que en 2008. Una escalada que se ha producido por dos razones. Por un lado, debido al incremento del número de pensionistas y de prestaciones –un pensionista puede cobrar dos pensiones, de jubilación y viudedad, por ejemplo–; y, por otro, porque la mayor cuantía de las nuevas pensiones respecto a las que se dan de baja por fallecimiento —en torno a un 40%—, elevan la pensión media del sistema. A todo ello se suma el incremento mínimo anual garantizado por ley del 0,25%, el menor alza prevista en la ley para época de crisis del sistema como la actual.

Mientras la crisis destruía empleos a ritmo de vértigo, las pensiones seguían la dirección inversa. La pensión media de jubilación ha pasado de los 822 euros de 2008 a los 1.060 euros del pasado mes de abril, un incremento del 29%. Y el número de jubilados ha aumentado un 20% desde 2006 y la pensión media que perciben un 45%.

Tasa de sustitución

Las nuevas pensiones de jubilación que se están dando de alta ahora en España suponen de media el 86,6% del salario medio. Esta denominada tasa de sustitución es casi 20 puntos más alta que la media de las pensiones que ya están en el sistema, que tienen una tasa del 68,3%, según los datos que maneja la Seguridad Social. La mejora de casi 20 puntos en la tasa de sustitución de las nuevas pensiones medias en España supone que los nuevos jubilados cobran solo un 13,4% menos respecto a su último salario, mientras que en las pensiones de jubilación actuales se sitúa en el 31,7%.

Ante estos datos el propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha advertido de que el sistema de pensiones en España tiene una tasa de sustitución muy alta, que presiona económicamente al sistema, por lo que considera que debería ser más «realista».

Las pasadas reformas del sistema han perseguido reducir esta tasa de sustitución. Sin embargo, y dada su entrada en vigor progresiva, esta ha seguido creciendo. Aunque la medida que, según todos los expertos apuntan, tiene más impacto aún no ha entrado en vigor: el Factor de Sostenibilidad. Este mecanismo ligará la pensión inicial del jubilado nuevo a la esperanza de vida. Comenzará a aplicarse el próximo 2019. Todos los cálculos realizados apuntan a que esta medida supondrá una reducción real de la pensión inicial.