Consejo de Ministros
El Gobierno aprueba un decreto para incentivar la inversión en renovables y un nuevo modelo de subastas
Los permisos de acceso y conexión a la red tendrá caducidad para evitar el «alto compenente especulativo» en algunos de los demandantes y las subastas de las diferentes tecnologías tendrán como variable el precio de la energía
El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley con medidas para impulsar las inversiones en energías renovables , acabar con la especulación en los permisos de acceso y conexión. Además está previsto celebrar ya desde este año nuevas subastas de renovables y preservar la liquidez del sistema eléctrico , afectado por la crisis del COVID-19.
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La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha presentado en rueda de prensa este martes, tras la reunión del Consejo de Ministros, esta norma, con la que el Ejecutivo persigue, además de cumplir con los objetivos de penetración de renovables que se ha marcad o, que éstas se conviertan en una palanca de recuperación después de la crisis del coronavirus.
«Alto componente especulativo»
Para facilitar la implantación de renovables, el real decreto-ley ha introducido medidas para poner fin a la especulación en torno a los permisos de acceso y conexión a la red , que desde hace unos años vienen siendo acaparados en gran parte por personas o entidades que no tienen intención de desarrollar proyectos y que los guardan hasta que los pueden vender por altos precios a promotores o empresas que sí tienen un proyecto industrial.
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, en la actualidad hay solicitudes de estos dos permisos, necesarios para que los promotores puedan poner en marcha las plantas por mas de 430.000 megavatios (MW) , una cantidad que cuadruplica la potencia instalada actual en España y que multiplica por 7 las necesidades de generación nueva que habrá en la próxima década. De esos 430.000 MW, 295.000 MW son los que ha considerado correctamente presentados Red Eléctrica , operador del sistema eléctrico.
El Ministerio cree que puede haber un alto componente especulativo en una buena parte de las solicitudes, pues sólo en torno a un 60 % de los titulares de permisos de acceso solicita luego el de conexión.
Caducidad de los permisos
El real decreto-ley establece hitos administrativos con plazos temporales en función del momento en que fue otorgado el permiso y, si no se cubren, los permisos caducan de forma automática y se ejecutan los avales que se exigieron al solicitar la autorización.
En el caso de los permisos anteriores a la Ley del Sector Eléctrico de 2013 , a los que se les dio dos meses adicionales por la declaración del estado de alarma, les caducarán si sus plantas no entran en funcionamiento antes del próximo 31 de agosto . Para el resto, los plazos concluyen a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito administrativo que tengan que cumplir.
En el caso de que no se vaya a ejecutar el proyecto y el titular o solicitante de permiso quiera obtener la devolución de las garantías que depositó , podrá hacerlo en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del real decreto-ley.
La norma establece también que no se podrán pedir nuevas solicitudes de acceso hasta que el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprueben una nueva regulación , que deberán sacar en el plazo de tres meses desde la publicación del real decreto-ley.
Nuevo sistema de subastas
Con el real decreto-ley, también retornarán las subastas de renovables, que en España no se celebran desde 2017 , aunque habrá un nuevo sistema, por el que se podrán celebrar subastas de distintas tecnologías (en las últimas competían todas juntas) y ahora la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía.
El Ministerio espera sacar a consulta esta semana o la próxima el real decreto con el nuevo diseño de subastas para que se puedan celebrar en el segundo semestre del año, aunque todavía no se ha definido qué potencia saldrá a puja, según fuentes del departamento. Además, habrá la posibilidad de que instalaciones de pequeña magnitud puedan adherirse a la retribución obtenida en las subastas sin tener que presentarse.
Por otra parte, para evitar que la caída del PIB reduzca la inversión en redes, el real decreto-ley ajusta excepcionalmente los porcentajes del PIB que se pueden dedicar a redes de transporte y distribución en el trienio 2020-2022. La eliminación del límite máximo del 0,13% del PIB anual para inversiones en redes eléctricas ha sido demandada por las grandes compañías para poder anticipar sus inversiones.
Liquidez del sistema eléctrico
El real decreto-ley también tiene en cuenta la repercusión que tendrá en el déficit del sistema eléctrico la caída de la demanda y los precios por la crisis del Covid-19, que reducirá los ingresos, y habilita al Gobierno para usar el superávit de ejercicios anteriores para cubrir los eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y costes que habrá en 2019 y 2020, para lo cual se desarrollará una orden ministerial.
En el real decreto-ley, también se contempla revisar la retribución a la operación de la cogeneración durante el estado de alarma y para calcularla en ese periodo, se considerarán los valores del precio del mercado eléctrico y del de los derechos de emisión de CO2 durante el estado de alarma. Además, s e reducirán en un 50% los valores del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento aplicables al año 2020.
Puntos de recarga, de utilidad pública
El real decreto-ley también declara de utilidad pública los puntos de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kilovatios) para que se puedan abrir estaciones en carreteras, autovías y autopistas y amplía hasta 2030 la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que finalizaba el próximo 31 de diciembre.
También establece para pequeñas comercializadoras y pymes una moratoria para que puedan retrasar el pago de sus obligaciones con el fondo correspondientes a 2020.
Además, el texto de la norma incorpora también a la regulación española actividades como el almacenamiento, la hibridación de renovables y el agregador indepediente de demanda , además de regular las comunidades de energía renovables y definir el objeto del Instituto de Transición Justa.
