La Generalitat coloca 27.000 interinos en plena deriva secesionista

Desde que Artur Más empezara a pisar el acelerador del independentismo, allá por 2014, él y sus sucesores han engordado la plantilla de la Generalitat con casi 27.000 interinos, mientras han prescindido de 17.000 funcionarios. El saldo neto: 9.200 empleados públicos más en cinco años

Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, junto a su predecesor, el fugado Carles Puigdemont AFP
Roberto Pérez

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La Generalitat catalana tiene ahora 9.200 empleados públicos más que hace cinco años. Activar la deriva secesionista y acelerar la contratación de personal fue todo uno. Así lo demuestran los datos oficiales recopilados por ABC, que ponen en evidencia cómo los sucesivos gabinetes independentistas instalados en la Generalitat no han tenido empacho en disparar la plantilla y los gastos de personal durante todos estos años, al calor de los ventajosos préstamos que le inyecta el Estado y que al Gobierno catalán le resultan imprescindibles para mantenerse a flote.

Las arcas de la Generalitat hace tiempo que se derrumbaron y que pasaron a depender del rescate financiero del Estado. Pero esto no ha impedido que el Ejecutivo catalán haya seguido aumentando sus gastos estructurales , y el capítulo de personal ocupa una posición protagonista.

La Generalitat –sin contar su extensa red de entes y empresas públicas– supera actualmente los 168.000 asalariados, según los últimos registros oficiales publicados por el propio Gobierno catalán al cierre del mes de julio. Son exactamente 9.199 empleados públicos más de los que tenía en julio de 2014.

Ese incremento de 9.199 efectivos se ha producido tras haber contratado en cinco años a 26.828 interinos , al mismo tiempo se ha descargado de más de 17.226 funcionarios de carrera . Vistas ambas cifras, queda patente que la Generalitat independentista ha apostado por cambiar personal de carrera por interinos. En vez de funcionarios mediante oposiciones regladas, el Gobierno catalán se expande con interinos, puestos que son cubiertos a través de procedimientos selectivos mucho menos estrictos y que, llegado el caso, se ven sometidos a muchos menos controles y exigencias. Además, la propia temporalidad que lleva aparejada un puesto interino hace que esos colectivos estén mucho más expuestos al control político que los funcionarios de carrera, blindados por su plaza en propiedad.

Al acabar el pasado julio, la Generalitat propiamente dicha sumaba exactamente 168.351 empleados públicos . La cifra incluye al personal de los departamentos de la Generalitat, de algunas de su entidades dependientes, de la policía autonómica y de la sanidad. A esos 168.351 efectivos habría que sumar la plantilla de las empresas, fundaciones y organismos diversos que controla el Gobierno catalán, además del denominado «personal coyuntural» que hay repartido por su sector público. Pero de ninguno de estos dos apartados hay datos recientes -los últimos publicados por el Gobierno catalán son de 2017-.

Más de 12.000 millones

En cualquier caso, la dimensión que ha alcanzado la plantilla de la Generalitat propiamente dicha permite comprender cómo se ha comportado la del sector público autonómico en su conjunto . Es algo que queda de manifiesto en la «factura» en sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social: en 2014, los costes de personal del conjunto del sector público de la Generalitat -incluyendo su «administración paralela» y el «personal coyuntural»- ascendieron a 10.342 millones de euros; en 2018 se habían disparado hasta los 12.174 millones de euros. Y, visto lo que ha seguido creciendo este gasto en la primera mitad del presente año, este 2019 podría rozar los 13.000 millones de euros.

En solo cinco años, por tanto, el Gobierno catalán ha elevado el coste anual de personal de su sector público en más de 2.300 millones de euros.

La Generalitat tiene ahora 452 cargos políticos, 83 más que hace cinco años

Desde 2014, este coste se ha disparado más de un 20%, pese a que en este tiempo la población de Cataluña solo ha aumentado un 2% y que persiste la crítica situación de las arcas de la Generalitat , que lleva años manteniéndose a flote gracias al auxilio financiero del Estado.

Esa querencia a engordar la plantilla y el consiguiente gasto en sueldos se ha mantenido de forma ininterrumpida desde 2014. Fue el año en que la economía empezó a reflotar, tras la larga crisis que había arrancado en 2008. Y fue, también, el año en que el nacionalismo de la antigua Convergencia viró abiertamente hacia el secesionismo, una deriva que inició Artur Mas , que siguió su sucesor, Carles Puigdemont , y que mantiene el actual «president» Quim Torra . Los tres han escrito su particular capítulo en el relato del independentismo catalán y, a la par, los tres han engordado la plantilla de la Generalitat.

La «factura» de Torra

Quim Torra se ha confirmado eficaz en eso de fichar asalariados con talonario público. Tomó posesión como presidente de la Generalitat a finales de mayo del año pasado y se la encontró con 167.767 empleados -sin contar empresas públicas, fundaciones, entes y «personal coyuntural-. Pues bien, en julio de este 2019 ya había 168.351 asalariados. Es decir, Torra ha incrementado la plantilla de la Generalitat en casi 600 efectivos en solo catorce meses. Y, en consecuencia, los gastos de personal siguen creciendo: hasta mayo acumulaban un incremento interanual del 4,92% .

Más afines con sueldo público

De paso, en estos cinco años de deriva secesionista, el independentismo también ha disparado el número de afines colocados a sueldo de la Generalitat en puestos de designación política. En julio de 2014, con Artur Mas, el núcleo duro de la Administración catalana sumaba un total de 369 puestos políticos , entre altos cargos -incluido el presidente y sus consejeros-, altos directivos y asesores -personal eventual-. Ahora, con Quim Torra, la lista asciende a 452 , según el último registro publicado por la Generalitat. Es decir, 83 cargos políticos más : la plantilla de altos cargos se ha incrementado en 23 en estos cinco años; la de altos directivos ha crecido en 38; y hay 22 asesores más que en 2014.

Gasto descontrolado

Y todo esto en una región que sigue siendo una máquina de números rojos. En el primer semestre de este 2019 ha generado un déficit de 1.724 millones y acumula una deuda financiera de casi 80.000 millones.

Que la Generalitat siga engordado el gasto de personal con ese panorama económico es un desatino ante el que el Estado debería actuar con un mayor control. Es lo que opina el profesor Juan Velarde. A su juicio, el continuo incremento de plantillas que viene realizando la Generalitat «es un caso típico de conexión entre gasto público y estrategia política» al servicio de los planes de partido. «Es una forma de tratar bien a los amigos a costa del sector público», indica Velarde. Además, advierte que eso deriva por añadidura en una situación doblemente perniciosa: el aumento del gasto público genera más déficit y, para capearlo, la Generalitat presiona al Estado para que le dé más dinero «de la Hacienda del conjunto del país» .

Ante este panorama y las prácticas que mantiene la Generalitat, el economista Juan Velarde aboga por aplicar un control «rigurosísimo» y efectivo desde el Estado, que permita actuar contra este tipo de gastos desbocados.

Este experto subraya que una pieza clave sería dejar en manos del Tribunal de Cuentas la fiscalización de las arcas catalanas, en vez de que éstas sean supervisadas por el propio sector público catalán. Desde hace años, Cataluña -como otras comunidades autónomas--cuenta con su propio órgano de fiscalización, una suerte de tribunal de cuentas regional.

Esto ha hecho que «el Tribunal de Cuentas se encuentre totalmente limitado» ante la Generalitat. Y, con ello, el Estado también ha perdido capacidad de control. Es algo que en nada ayuda a aplicar medidas de corrección que permitan meter en cintura las cuentas del territorio, cuyos excesos sí acaban repercutiendo en el conjunto de España. «El nacionalismo catalán decía que los impuestos de Cataluña servían para soportar a las autonomías pobres o menos desarrolladas. Pero la realidad es la contraria: el resto de España, con sus impuestos, está contribuyendo a sostener el gasto público catalán» , afirma el profesor Velarde.

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