Ence exigirá la responsabilidad patrimonial del Estado en el conflicto de su planta de Pontevedra
La junta de accionistas faculta al consejero delegado a defender los intereses de la compañía hasta las últimas instancias
La junta de accionistas de Ence ha acordado hoy autorizar al consejero delegado, Ignacio Colmenares, y al secretario del consejo para que se defienda hasta las últimas instancias el interés de la sociedad, de sus accionistas, trabajadores y proveedores, incluyendo la exigencia de responsabilidad patrimonial al Estado por los daños y perjuicios causados, y las responsabilidades personales que procedan en el caso de que se rechace la prórroga de la concesión de la fábrica de Pontevedra.
Colmenares ha dicho, en relación al allanamiento de la Dirección General de Costas en los procedimientos en la Audiencia Nacional sobre la concesión de la biofábrica de Pontevedra, que «la fortaleza del balance de nuestra compañía y la duración de 4 a 6 años que tendrá todo el proceso jurídico, nos permite mantener las previsiones de ebitda de nuestro Plan Estratégico 2019-2023 y no renunciar a los objetivos de creación de valor para nuestros accionistas».
Recalcó que «estamos convencidos de que la razón jurídica nos asiste, pero también tenemos la razón social: no podemos olvidar que de la biofábrica de Pontevedra dependen más de 5.000 familias». El consejero delegado precisó que la planta dispone de una plantilla fija de 400 empleados, a los que se unen 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte, así como más 2.100 empleos en el sector forestal de Galicia.
Ignacio Colmenares destacó que «la actividad industrial de Ence se rige por los más altos estándares de responsabilidad medioambiental. Los parámetros de la biofábrica mejoran, ampliamente, las más exigentes normas y autorizaciones ambientales europeas y españolas. Prueba de ello es la riqueza de los bancos marisqueros que se encuentran junto a la biofábrica pontevedresa o que todas las playas cercanas a la misma tienen bandera azul de la UE».
En enero de este año, y antes del mencionado allanamiento, la Audiencia Nacional dictó sentencia desestimando íntegramente el recurso interpuesto contra la caducidad parcial y condenando al ayuntamiento de Pontevedra a pagar las costas, sentencia que confirma la solidez de la posición jurídica y los argumentos de Ence.
La junta, celebrada en Madrid, ha aprobado el pago de un dividendo complementario de 0,054 euros brutos por acción que se hará efectivo el próximo 11 de abril. Unido a los dividendos a cuenta ya abonados, totaliza un dividendo de 0,263 euros brutos pagado con cargo al ejercicio 2018. En total, la cantidad abonada en concepto de dividendo por la compañía en 2018 asciende a 63 millones de euros, un 69% más que en 2017.
En su intervención, el presidente de Ence, Juan Luis Arregui, señaló que «la compañía ha cerrado en 2018 un ejercicio magnífico», en el que alcanzó un beneficio neto de 129 millones de euros , un 41% más.
La junta también ha aprobado el nombramiento de Amaia Gorostiza e Irene Hernández como consejeras independientes , «lo que permite a Ence avanzar en su compromiso de velar por la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el consejo».
