El bloqueo de la mesa de los ERTE dispara la inseguridad jurídica en las empresas

A cuatro días de que venza la vigencia de los ERTE, empresas y trabajadores siguen sin saber en qué condiciones laborales afrontarán el que será sin duda su otoño más difícil en muchos años . La negociación sigue atascada y el consejo de ministros del próximo martes se plantea ya como la última opción. Un escenario «in extremis» al que se prometió no volver a llegar en esta prórroga pero que, sin embargo, se repite machaconamente, convirtiéndose así en el más crudo reflejo de la política española. La inseguridad jurídica, entre tanto, se ha disparado, al igual que el desánimo empresaria.

Actuar en el último minuto deja además muy poco margen de maniobra para ejecutar con éxito unos ERTE «quirúrgicos» que afinen más el gasto y acierten en las empresas que de verdad necesiten la ayuda. Los expertos aseguran que las compañías necesitan un plazo de adaptación para adecuarse a cualquier cambio legal que afecte a su día a día, por lo que dejar fuera del paraguas a miles de empresas y trabajadores de un día para otro generaría una inestabilidad sin precedentes. Más aún cuando desde el Gobierno, especialmente desde el ministerio de Trabajo pilotado por Yolanda Díaz se ha insistido en los últimos días en que ninguna empresa iba a quedar sin ayudas en este momento.

Sin embargo, la negociación sigue congelada a la espera de que el Gobierno ponga sobre la mesa una nueva propuesta, que podría llegar este mismo fin de semana. Dentro del Ejecutivo, las miradas se dirigen al departamento de Seguridad Social. Fuentes de la negociación aseguran que el ministro José Luis Escrivá se resiste a ceder y cambiar su oferta de restringir los accesos a los ERTE de fuerza mayor a los sectores más afectados, aunque incluyendo su cadena de valor, extremo que rechazan de lleno los empresarios. Pero la tensión va al alza.

La ministra de Economía, Nadia Claviño, aunque no está implicada directamente en las negociaciones, sí que se habría mostrado partidaria de afinar el uso de estos esquemas. Pero no seleccionando por sector, sino por empresas y en función del impacto de la pandemia en su cuenta de resultados. En concreto, se habría planteado que las empresas con caídas en la facturación superiores al 50% pudieran acceder a los ERTE. Los empresarios recelan de la elevada carga burocrática que puede generar esta propuesta y reclaman «protocolos claros» para establecer el modo de proceder.

Los sindicatos, más cerca

En el entorno de la CEOE se remarca que no se aceptará ninguna propuesta que implique dejar sectores efectados fuera y que únicamente volverán a la mesa si la sectorialización queda fuera del documento. Los sindicatos, sin embargo, se encuentran más próximos al pacto, según apuntan otras fuentes. Además de la limitación por sectores, los otros dos grandes focos de conflicto están en la bonificación de los trabajadores reincorporados a sus puestos –que Escrivá reclama mantener– y en que sea la autoridad laboral quien decida qué empresas entran en el esquema de ayudas y cuáles no.

En la negociación, no obstante, también ha habido avances estas dos semanas. La flexibilización de los ERTE de rebrote, para los barrios y ciudades confinadas, es uno de los más valorados por los agentes sociales. Aunque también se han logrado acuerdos en otras reclamaciones de los sindicatos, como en la recuperación del llamado «contador a cero» para la prestación por desempleo hasta el 1 de enero de 2022, lo que supone que se repondrá el paro consumido hasta esa fecha en caso de una posterior vuelta al desempleo. Y en el mantenimiento de la cuantía de las prestaciones por desempleo, para evitar que se reduzcan cuando se cumplan seis meses del 70% al 50% de la base reguladora.

La inclusión de una protección para los trabajadores fijos discontínuos, cuya cantidad estaría aún sin concretar, forma parte también de los puntos de acuerdo.