Los ajustes empresariales disparan las jubilaciones anticipadas casi un 8%

Aumentaron en más de un 30% durante la crisis y su coste para la Seguridad Social se acercó a 10.000 millones de euros, una situación insostenible que llevó al Gobierno, a instancias de Bruselas, a endurecer las condiciones de acceso a la jubilación anticipada en todas sus formas como una vía de ahorro en un momento delicado para el sistema por la caída de cotizantes.

En 2013 el Ejecutivo aprobó un decreto con el objetivo de evitar que prácticamente una de cada dos jubilaciones fueran anticipadas en España. Un año después de aquel ajuste, los retiros anticipados, que durante la crisis fueron utilizados como una fórmula de regulación de empleo, cayeron hasta suponer, por primera vez, menos del 40% del total de las jubilaciones que cada año se realizan en nuestro país, unas 300.000 personas.

Pero hoy, los resultados son diferentes. El goteo de ajustes laborales que han llevado a cabo varias entidades financieras y grandes empresas como Indra – tiene previsto despedir a 1.800 trabajadores en España– desde que comenzó el año, han dado la vuelta a la tortilla.

A finales del pasado mes de junio, el 44% del total de jubilados se retiraron de forma anticipada en España. Y como resultado, la edad media de jubilación en lugar de acercarse poco a poco a la edad real –desde enero pasado 65 y tres meses–, vuelve a descender, lo que enciende las luces rojas de los gastos para la Seguridad Social en un momento en el que el crecimiento del empleo alivia las cuentas del sistema de pensiones (hasta agosto la recaudación líquida del sistema llegó a 71.400 millones de euros, casi 2.000 millones más que un año antes).

Las cifras que aparecen en la memoria económica-financiera de la Seguridad Social sitúan en estos momentos la edad de retiro adelantado en 64 años, por debajo de los 64,1 años de un año antes o los 64,3 que se registraban cuando el Ejecutivo acometió el endurecimiento de los requisitos para la jubilación anticipada. Lo contrario ocurrió en años anteriores, en los que la edad media de jubilación fue creciendo en respuesta al endurecimiento de las condiciones de acceso al sistema.

De las 152.919 jubilaciones que se produjeron entre los meses de enero y junio de este año, 67.139 fueron anticipadas, lo que representa un aumento del 7,4% en términos anuales. Las multas que en su día puso en marcha el Ejecutivo, la denominada «enmienda Telefónica», no parecen que estén teniendo efectos disuasorios, dado que las empresas siguen recurriendo a las denominadas «prejubilaciones».

Las cifras oficiales incluidas en la memoria de la Seguridad Social reflejan que de cada diez trabajadores jubilados, algo más de tres lo hacen de forma anticipada, aunque ello suponga la aplicación de los distintos coeficientes reductores que prevé la legislación actual. Es decir, aunque ello suponga recortar la cuantía de su pensión que inicialmente tenía prevista el pensionista. De hecho, la mitad de los nuevos jubilados lo hace anticipadamente de forma voluntaria.

Por género, el total de jubilaciones disminuyó entre los hombres (3,8%), y aumentó entre las mujeres (1,9%). La anticipada crece en ambos géneros, un 12,2% las mujeres frente al 5,7% de los hombres, aunque en cifras absolutas el número de mujeres es menor, representando el 27% del total de las jubilaciones anticipadas. De estas, corresponden a mujeres el 24% de las no voluntarias y el 31,4% entre las de carácter voluntario.

Criterios más exigentes

Evolución contraria a las anticipadas están teniendo las jubilaciones con más de 65 años, que en el mismo periodo cayeron un 8%. La reforma de pensiones en vigor con criterios más exigentes para acceder al sistema podrían estar detrás de este descenso. Desde 2013, la ley de Pensiones está obligando a los españoles a trabajar más años y a cobrar menos como fórmulas para sostener el sistema de la Seguridad Social, zarandeado por una crisis que se ha llevado por delante a 3,7 millones de cotizantes.

Esta reforma retrasa progresivamente la edad de retiro de los trabajadores españoles hasta los 67 años en el año 2027. Así, quienes quieran jubilarse a lo largo del año próximo con el 100% de la pensión que les pudiera corresponder, deberán tener ya cumplidos los 65 años y cuatro meses. Hasta 2018, la edad de jubilación se incrementará un mes por cada ejercicio, para a partir de esa fecha aumentar en dos meses cada año hasta 2027.

Ventajas para el sistema

Retrasar la jubilación tiene sus ventajas para el sistema. Por un lado, permite disponer de más población activa que, por un lado, financie las pensiones, y por otro, retrasar el cobro de la pensión, un alivio para las cuentas públicas. Es decir, si un trabajador sigue activo hasta los 67 años, son dos años más que sigue aportando, pero no consumiendo pensiones.

Pero este retraso en el acceso a la jubilación tiene excepciones. Quienes ya acumulan una larga vida laboral podrán seguir retirándose con su pensión íntegra a los 65 años siempre y cuando tengan cotizados 35 años y nueve meses. Por cada ejercicio se aumenta ese periodo en tres meses, hasta llegar a 2027, cuando quien desee retirarse a los 65 años deberá contar con una cotización de, al menos, 38 años y seis meses.

La generación que se está jubilando ahora comenzó a trabajar muy joven y, por tanto, acumula muchos años de aportaciones al sistema. Más problemas para saltar este listón tendrán los jóvenes actuales, que han empezado más tarde a cotizar, y las mujeres con lagunas en su cotización.

Requisitos más duros

La norma también aprobó requisitos más duros para acceder a la jubilación anticipada. Retrasó hasta 63 años y tres meses la edad para acceder a este retiro que, paralelamente a la edad legal de jubilación, podrá realizarse dos años antes también hasta 2027, cuando quedará establecida en el mínimo de 65 años con 35 años de cotización. En el caso de jubilación forzosa, podrá realizarse hasta cuatro años antes de la edad legal de retiro –en 2015, a los 61 años y tres meses– y son necesarios 33 años de cotización como mínimo.