Economía exime a 6.200 empresas de tener comité de auditoría

La discutida nueva norma de auditoría de cuentas, con la que el Gobierno adapta la legislación nacional a la europea y de paso trata de evitar nuevos escándalos empresariales como los de Pescanova y Gowex, ha visto finalmente la luz. La gran novedad incluida en el proyecto de ley aprobado ayer en el Senado es que se reduce de 8.000 a unas 1.800 las empresas obligadas a tener un comité de auditoría. Es decir, 6.200 compañías no tendrán que cumplir ya con este requisito.

Esa reducción es fruto de la nueva definición que se hace de las entidades de interés público, aquellas que por ley deben contar con este órgano de supervisión independiente dentro del consejo directivo de la empresa, entre otras obligaciones.

En concreto, el nuevo texto legal define como tal a aquellas sociedades con una cifra de negocios neta superior a los 2.000 millones de euros y los 4.000 empleados, cuando hasta ahora esos límites eran de 200 millones y 1.000 trabajadores. En el caso de las instituciones de inversión colectiva -fondos de inversión y sicavs- el criterio pasa de tener 150 a 5.000 partícipes, y en el de los planes de pensiones de 500 a 10.000.

El cambio afecta principalmente a empresas familiares, pues bancos, aseguradoras, entidades de pago y dinero electrónico y compañías cotizadas o que emiten valores negociados deben tener un comité de auditoría independientemente de esos criterios. A este grupo se suman ahora las empresas del MAB.

Críticas del sector

Esta es la única concesión de Economía al sector de la auditoría, pues la rigurosa definición anterior hacía que España, pese a ser un país de pymes, tuviese más compañías clasificadas como tal que, por ejemplo, Alemania. Las firmas argumentaban además que un comité de auditoría en empresas tan pequeñas era poco rentable tanto para las compañías como para las firmas.

Ahora bien, los auditores mantienen su oposición al texto finalmente aprobado y acusaron al Gobierno de no consensuarlo ni aceptar ninguna enmienda planteada por la oposición ni las recomendaciones de las firmas de auditoría. Así, Economía ha mantenido en la norma la obligación de cambiar de auditor cada diez años y las once nuevas incompatibilidades en los servicios que una firma puede prestar a la empresa que audita.