El limbo legal de la economía colaborativa

La economía colaborativa es uno de los modelos de negocio con mayor proyección en España. Múltiples plataformas online se han adherido a este sistema para facilitar a sus consumidores un intercambio de bienes y servicios directo, sencillo y sin intermediarios. A pesar de ello, la inhabilitación de Uber en varios países (entre ellos España), demuestra que existen ciertos impedimentos legales que podrían imedir el desarrollo de este mercado. El consumo colaborativo cuenta con unas previsiones de crecimiento exponencial, pero todavía no tiene claro sus ámbitos de actuación.

Los primeros encontronazos entre estas plataformas y la justicia han estado protagonizados por BlaBlaCar y Uber. Dos plataformas que ponen en contacto viajeros; dos colectivos (Fenebus, Federación Nacional Empresarial de Transporte de Autobús y FPTM, Federación Profesional del Taxi de Madrid) que, respectivamente, han denunciado sus prácticas.

En el primer caso la causa todavía sigue abierta, mientras que en el segundo el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha determinado la suspensión de Uber en España.

José Andrés Díez ha sido el abogado de la FPTM en este último caso. En su opinión, «hay que analizar una por una la situación de cada plataformas», pero herramientas como Uber o BlaBlaCar –Díez también trabaja actualmente en un caso sobre esta última– «no suponen una economía colaborativa, sino una vía para pagar menos impuestos y aprovecharse de un vacío legal para competir con menos requisitos». Díez destaca que aunque el juez no haya entrado en el funcionamiento de este tipo de herramientas, sí que ha apreciado que Uber desempeña fórmulas de «competencia desleal».

Además, el letrado también cree que con este tipo de plataformas «no vale todo» y que el problema de fondo es que existe un problema de regulación en una gran cantidad de ámbitos. «En sectores como los transportes, tanto el anterior Gobierno como el actual no han regulado pensando en el interés general, sino en los lobbys», dice Díez.

El papel del legislador

En Airbnb, una plataforma por la que los particulares pueden alquilar su piso durante las vacaciones, tienen otra opinión. Según Andreu Castellano, director de comunicación, «no se puede tratar igual a un particular que a una gran empresa. Siguiendo las recomendaciones de todas las autoridades de la competencia, la economía colaborativa no debe sufrir barreras de entrada artificiales que limiten su expansión». Castellano prefiere no valorar la situación de Uber, pero sí afirma que desde Airnbn «hemos estado siempre colaborando con las diferentes administraciones con el objetivo de existas una leyes claras y justas».

La falta de regulación es un problema que también toma en cuenta José Luis Zimmermann, director general de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital). En esta entidad se integra la asociación Sharing, formada por empresas que desempeñan algún tipo de economía colaborativa. Zimmermann añade que «habrá que ver en qué sectores se necesita una regulación, de momento las reclamaciones han llegado por el transporte y el turismo». El presidente de Adigital considera que estas formas de negocio «son legales» y que «el único caso» de inhabilitación ha sido el de Uber.

Cataluña, pionera

de las Comunidades que más ha avanzado en este ámbito es Cataluña. Fue de las primeras en imponer una multa a una de estas plataformas (30.000 a Airbnb por comercializar apartamentos turísticos ilegales) y sin embargo en los últimos meses sus esfuerzos se han centrado en poner en marcha equipos de trabajo para proporcionar una legislación a este tipo de portales.

Zimmermann afirma que «en Cataluña es donde los políticos han tratado de entener este campo en mayor medida», lo que supone «una manifestación a favor de avanzar», de «eliminar barreras» a estas plataformas.

La economía colaborativa se desmarca del caso de Uber. La inhabilitación de la herramienta de transportes que pone en contacto conductores y viajeros es el primer y hasta el momento único «borrón» de este modelo, al se adhieren cada vez más start-up. Tanto estas nuevas empresas como las del sector tradicional coinciden en el próximo reto: una regulación justa y beneficiosas para ambas.