Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL
Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL - Óscar del Pozo

La auditora contratada por OHL no detecta irregularidades en la filial mexicana

EY considera conforme a la normativa del país el sobrecoste en la construcción del viaducto del Bicentenario

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La auditora EY (antiguamente, Ernst & Young), contratada por OHL para investigar el escándalo por sobreprecio en la construcción de la autopista del viaducto del Bicentenario por parte de su filial mexicana, no ha detectado «ninguna» irregularidad en el proyecto. El informe de uso interno, cuyos extractos publicó la compañía presidida por Juan Miguel Villar Mir en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), concluye que el «reequilibrio financiero realizado en 2011, único realizado hasta la fecha, resultaba necesario de acuerdo con el título de concesión y se realizó conforme a los términos dispuestos en el mismo».

El texto recoge que en la primera etapa del contrato (la construcción del tramo sur a norte) se produjo una «sobreinversión» de 2.765 millones de pesos (162,7 millones de euros, al cambio actual) «que fue corroborada y justificada por los directores de proyectos y control de obras y operaciones» del gobierno del Estado de México, «que emitieron los correspondientes dictámenes técnicos favorables con fechas 1 y 7 de abril de 2011».

EY señala que el contrato de concesión garantizaba a OHL México su «derecho» de «recuperar su inversión total incluyendo un rendimiento sobre el capital de riesgo aportado para la construcción del viaducto, con una tasa interna de retorno fija del 7%» al año. Esta práctica resulta «habitual» en el sector, y no únicamente para el polémico contrato, cuyo importe final ha sido puesto en entredicho después de que salieran a la luz unas grabaciones telefónicas entre representantes de la empresa y funcionarios del Estado de México.

«Sobre la base del trabajo realizado», concluye Ey, no ha habido constancia de «ninguna irregularidad en perjuicio económico para la administración del Estado de México en el desarrollo económico-finaciero de la concesión».

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