Sijena, un año entre el museo y el juzgado

Cuando el consejero de Cultura, Santi Vila, tomó posesión de su cargo el pasado mes de enero asegurando que el diálogo tenía que imponerse a la vía judicial y que la mejor manera de resolver todos los conflictos patrimoniales con Aragón sería la del acuerdo, poco podía imaginar que 2016 sería el año en que todo lo relativo con el Monasterio de Sijena, sus ricos frescos y sus objetos eclesiásticos, acamparía en el juzgado y enrarecería aún más un conflicto ya de por sí enconado durante años.

De hecho, el goteo de resoluciones, reveses judiciales y noticias ha sido constante y esta misma semana ha vivido dos nuevos capítulos: la denuncia del MNAC de que la sala capitular de Sijena no reúne las garantías necesarias

para conservar las pinturas románicas que actualmente se exponen en el museo barcelonés y la declaración por parte de la Generalitat el Museo de Lérida como bien de interés nacional, algo que no ha hecho más que caldear un poco más los ánimos aragoneses.

Para entender estos dos episodios, sin embargo, hay que rebobinar hasta principios de año y desplegar un conflicto con dos líneas judiciales diferenciadas: la de las obras de arte compradas por la Generalitat el MNAC entre 1983 y 1994 a la orden Sanjuanista del monasterio de Sijena y la de las pinturas murales de la sala capitular del monasterio. Dos litigios diferentes pero, de momento, con idéntico resultado: la obligación judicial para la Generalitat de devolver y restituir a Aragón obras de arte y pinturas murales.

Eso es, sobre el papel y con sentencias en la mano, lo que tendría que haber ocurrido, aunque el asunto no ha hecho más que enredarse en los últimos meses, llegando a extremos tan rocambolescos como que mientras que todos los partidos catalanes, PP y PSC incluídos, aprobaron en el Parlament una resolución en la que instaban al Gobierno catalán a llevar a cabo «todas las acciones necesarias» para garantizar que las obras procedentes de Sijena se conservasen el MNAC y en el Museo de Lérida, sus homólogos aragoneses defendían lo contrario.

Arte en el banquillo

Con el litigio por los 97 objetos sacros coleando de la temporada anterior, el año se estrenó con el juicio por las pinturas murales del siglo XIII que Josep Gudiol retiró del monasterio de Sijena en 1936 y 1960, un episodio histórico-patrimonial para el que tampoco existe acuerdo: mientras que desde Cataluña se defiende que las pinturas fueron rescatadas de un monasterio que había sido pasto de las llamas, en Aragón siempre se han referido a la operación como un expolio. El caso es que a mediados de julio un juzgado de Huesca falló a favor de los intereses aragoneses y dictaminó que las pinturas debían volver a Sijena.

El MNAC y la Generalitat recurrieron ante el Tribunal Constitucional y desde el museo barcelonés se empezó a alertar de que cualquier movimiento o traslado podría causar daños irreparables en las pinturas. Con todo, Aragón y Sijena reclamaron la ejecución de la sentencia provisional, algo a lo que el MNAC se opone alegando que la sentencia puede ser revocada y que, por tanto, cualquier medida que se adopte ha de ser reversible, y cuestionando que las condiciones de la sala capitular sean las adecuadas para acoger las pinturas.

Antes de eso, MNAC y Generalitat ya tuvieron que dar cuenta de la ejecución provisional de otra sentencia, en este caso relativa a los 97 objetos comprados a las monjas -y cuya compraventa fue declarada nula- y sobre los que Vila ya había intentado cerrar un acuerdo que finalmente ERC dinamitó. Así, lo que podría haberse resuelto por las buenas se enzarzó en la vía judicial, con el consejero asegurando primero que las piezas no saldrían de Cataluña y abriéndose después a devolver 53 de esos objetos, los que se guardaban en el MNAC. Los otros 44, ubicados en Lérida, siguen pendientes de una devolución que el Gobierno catalán no contempla -de ahí lo de declarar el museo bien de interés nacional- y para los que Aragón reclama la intervención de la Brigada de Patrimonio Histórico de la la Policía Judicial, un extremo que, por el momento, la jueza que lleva el caso ha rechazado.