Cultura alega que el juez nunca pidió el informe de daños realizados por Odyssey en la Mercedes
El abogado de la acusación popular vuelve a solicitar esa prueba preceptiva para que el juzgado valore los presuntos delitos
El Ministerio de Cultura expresó ayer a ABC cierta perplejidad por la situación lamentable del juicio penal contra los cazatesoros de Odyssey Marine Exploration que sigue en diligencias previas desde hace 12 años . Se trata de un proceso por el expolio de la fragata Mercedes, hundida en 1804 por buques ingleses cuando regresaba a España y cuya carga fue extraída sin protocolos arqueológicos en 2007.
El portavoz de Cultura afirmó que «el Ministerio ha informado al juzgado siempre que se lo ha solicitado». Descargaba así la responsabilidad sobre el J uzgado número 3 de La Línea de la Concepción, donde el proceso lleva «en coma» desde 2015 y desde donde no se les ha solicitado esa información. La jueza titular de dicho juzgado no atendió ayer la llamada de ABC.
Pero lo cierto es que el Juzgado número 3 nunca recibió el informe técnico de descripción y valoración de daños por el expolio de Odyssey en el yacimiento de la fragata Mercedes, que fue expoliada por la compañía norteamericana en mayo de 2007. El Ministerio de Cultura envió la primera misión arqueológica al pecio, situado a algo más de 24 millas de Faro, en la costa portuguesa, en el verano de 2015.
Entre los objetivos publicados del proyecto figura: «Documentar, mediante grabación en videos realizados desde el ROV, el estado actual de los restos del pecio que aún se pudieran encontrar, a fin de medir los daños causados por el expolio sufrido por la empresa de caza tesoros Odyssey y ampliar el conocimiento del buque hundido».
Informe publicado
En Cultura se aduce que se publicó en su día un informe de la expedición de 2015, pero ahí solo figura como uno de los objetivos, sin realizarse, en el punto 4.1. Se da la circunstancia de que Iván Negueruela, director del museo Arqua al mando de la expedición, declaró a la prensa, a la vuelta de la primera misión en agosto de 2015 que el pecio estaba marcado por la activdad destructiva porque los cazatesoros «barrieron, seguramente con unas palas de hierro, el primer estrato del yacimiento».
Por ello, el abogado de la acusación particular, José María Lancho, es quien solicitó repetidamente que dicho informe se incluyera en el sumario, como es preceptivo en todo caso de expolio. Lo hizo, en varias ocasiones, desde 2015, al Juzgado, a quien pedía que lo solicitase a Cultura. La última vez, la pasada semana . Y también lo lleva haciendo desde 2015 a distintas instancias del ministerio de Cultura, incluyendo el director general de Bellas Artes (entonces Miguel Ángel Recio ) y la subdirectora general de Protección del Patrimonio (aún en el cargo), Elisa de Cabo .
El portavoz ministerial insistía ayer en que «no se dejó de contestar ninguna solicitud del juzgado» y subrayó que «de hecho se informó de los planes de enviar una misión al yacimiento en julio de 2015, semanas antes de la expedición», comandada por el director del Arqua, Iván Negueruela. Pero, como es sabido, desde el Juzgado nunca se pidió el informe.
Nueva petición de informe
Sin embargo, sí lo hacía el abogado de la acusación popular. En sus escritos, Lancho hacía notar a Recio y a De Cabo la necesidad de remitir ese informe para que el Juzgado pudiera valorar los posibles delitos cometidos y las sanciones correspondientes. El abogado anuncia que mañana mismo volverá a escribir a la subdirectora general de Protección del Patrimonio, para solicitarlo de nuevo.
El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según recuerda Lancho, afirma que «los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción...», artículo cuyo incumplimiento conlleva multas. Y añade que «si el que hubiese incurrido en la omisión fuere empleado público, se pondrán además en conocimiento de su superior inmediato para los efectos a que hubiere lugar en el orden administrativo».
En cualquier expolio en tierra, es preceptiva una valoración técnica de los daños y un cálculo de su valor con destino al Juzgado que investiga el delito. Por eso resulta «inaudito», según Lancho, que habiendo «enviado tres misiones, los años 2015, 2016 y 2017, aún no se haya entregado un informe técnico ».
Además de este fallo procesal de la falta de informe técnico, la investigación penal sobre los métodos y presuntos delitos cometidos por Odyssey Marine Exploration en el Juzgado de La Línea ha sufrido graves irregularidades , como consta en las quejas y denuncias del abogado de la acusación popular, José María Lancho.
El sumario, al que podría darse carpetazo por la inactividad de la Justicia y la falta de el informe de daños, entre otras cosas, podría servir como precedente para que la Justicia española entienda en los daños por expolio cometidos en buques de Estado españoles a pesar de no estar en nuestras aguas jurisdiccionales, puesto que la fragata Mercedes, hundida en 1805 por barcos ingleses, fue hallada en aguas internacionales.
