La Fiscalía separa en dos diligencias la investigación de los pozos contaminados

El informe sobre el agua contaminada en el diseminado chiclanero y su repercusión en el escenario político municipal con la expulsión de la concejala del partido vecinal, Susana Moreno, ha generado también una consecuencia judicial.

Ante los alarmantes datos que se han difundido sobre la población que se abastece de pozos ilegales, el riesgo que entraña para la salud y el daño que pueden ocasionar al acuífero, el Ministerio Público decidió la semana pasada abrir una investigación para aclarar si hay responsabilidades penales.

Esta apertura de diligencias, como adelantó LA VOZ en su edición del sábado, se ha transformado en dos casos que van a tener una tramitación independiente aunque tienen un origen y base similar.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron a este periódico que la posible ocultación del informe polémico se ha desgajado de la investigación por un posible delito medioambiental y contra la salud pública.

Estas diligencias, de carácter penal, tienen un plazo máximo de seis meses. Durante ese periodo, la Fiscalía recabará datos para concluir si hay caso, elevándolo a los juzgados, o archivando por falta de indicios.

En cuanto al informe que ha provocado un terremoto en la Corporación local, dejando la alianza de Gobierno entre PP y PVRE sin la mayoría con la salida de Susana Moreno, será analizado por la Fiscalía en unas diligencias informativas, que no están supeditadas a un plazo determinado.

Esta segunda investigación tratará de aclarar si hay indicios de que se cometió un delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Este delito contra la Administración pública se investiga a partir de las declaraciones efectuadas por el propio alcalde, Ernesto Marín, en la que decía desconocer el informe y acusaba a Moreno de una supuesta ocultación del mismo.

Algo que la propia exdelegada desmintió en un comunicado en el que afirmó que el alcalde estaba al tanto del documento y sus conclusiones y en el que aclaraba que fue el propio regidor el que le transfirió las competencias para la creación de un equipo que estudiara la viabilidad de la red de aguas.

El Ministerio Público ha encomendado a la Guardia Civil la investigación que arrancará con la petición al Ayuntamiento del citado informe. Sin embargo, en el Consistorio decidieron volver a guardar silencio. Después de dos jornadas de petición reiterada de un posicionamiento ante la decisión de la Fiscalía, el Ayuntamiento declinó hacer ningún tipo de declaración pública.

El PVRE, socio del gobierno local, sí quiso aclarar que «el Ayuntamiento es responsable del suministro de agua a través de la red de abastecimiento, no de las agua subterráneas en el extrarradio, donde se suministran de esas aguas más de 20.000 viviendas».

Por su parte, Ecologistas en Acción instó a la «adopción de medidas de regulación aplicando la disciplina y ejecutando las necesarias obras de acometida para aguas potables y de saneamiento a cargo de los vecinos».

En este sentido, reclamó «la colaboración institucional entre todas las administraciones con competencias en el problema, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, para poner fin a esta intolerable amenaza sobre la salud».

Además, pidieron que se identifiquen «las situaciones más graves de contaminación difusa del acuífero, acotando el foco del problema y ejerciendo las imprescindibles labores de vigilancia, control y corrección».

La confederación ecologista explicó que «la situación provocada por la existencia de más de 18.000 viviendas en Chiclana sin atisbo de depuración de sus aguas residuales, un diseminado ilegal consentido por todas las administraciones, ha estallado a raíz» del referido informe.

Incidió en que «la existencia de más de tres millones de metros cúbicos de aguas fecales sin atisbo de depuración alguna es una auténtica bomba de relojería ambiental que en cualquier momento puede ocasionar infecciones e intoxicaciones severas».

Al hilo, expone que «son 53.000 vecinos los que viven sobre un acuífero gravemente contaminado, y aunque sea 'vox populi' que esas aguas no se pueden beber, la posibilidad de enfermedades gastrointestinales no puede ser descartada».

En esta misma línea, reseñó que «además, los nitratos procedentes de la acumulación de esta carga de fracción orgánica se pueden convertir en nitritos, estos sí cancerígenos». Por ello, señalaron que Chiclana se encuentra ante «un problema sanitario generalizado».