La Justicia pide documentación sobre los planes de empleo locales

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Chiclana ha requerido formalmente al Consistorio toda la documentación relativa al Plan Local de Empleo Social (PLES), centrando su foco de atención especialmente en la Delegación de Fomento, la Delegación de Servicios Sociales y en Área de Intervención. Fue el portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Núñez quien informó ayer en una nota de prensa de los avances judiciales de un caso relativo al anterior mandato socialista en el Ayuntamiento de Chiclana. «En calidad de actuales responsables de los bienes y derechos del Consistorio, y por ende de todos los chiclaneros, hemos mostrado desde el primer momento el ánimo de colaborar codo a codo con la Justicia para que ésta pueda instruir el caso de manera adecuada y se puedan, si procede, dirimir las responsabilidades que se deriven de un plan de empleo puesto en marcha por el anterior equipo de gobierno en el anterior periodo corporativo», reconoció Núñez ante la investigación abierta en los juzgados.

Así las cosas, durante estas fechas, los responsables de las citadas delegaciones están llevando a cabo el correspondiente trabajo de recopilación y recolección de toda la documentación relativa al Plan Local de Empleo Social, un contenido que será trasladado al juzgado requeriente con la mayor premura posible, por lo que en los próximos días podría efectuarse dicha entrega.

Y es que cabe recordar que el Plan Local de Empleo Social «estuvo rodeado de polémica desde el primer día que se puso en marcha», como reconoció ayer el Ayuntamiento en una nota de prensa. Así, el actual equipo de gobierno ha denunciado en diferentes ocasiones que «el PSOE lo impulsó con documentación incompleta, con unos criterios que no se encontraban en armonía con la Ley y que llegó incluso a hacer caso omiso a diferentes informes técnicos desfavorables que se emitieron desde el Área de Intervención».

La raíz del caso que ahora se investiga radica en el procedimiento por el cual se elegían a las personas de Chiclana para participar en el PLES, el cual consistía en una cesión económica por parte del Ayuntamiento de Chiclana a la Asociación Virgen del Carmen para que ésta contratara a dicho personal desempleado. En base a esto, se realizaron varios pagos por un montante total de unos 150.000 euros que jamás fueron justificados por parte de dicho ente, cuyo responsable, Antonio Gautier, iba en primera instancia en las listas electorales con las que el PSOE concurrió a las Elecciones Municipales de 2011, aunque finalmente renunció. Según manifestó ayer el Ayuntamiento, hoy en día «se desconoce el paradero de dicha cifra».

Este hecho ha sido recogido hace escasos meses por la Cámara de Cuentas, entidad fiscalizadora del gasto público que en su informe al respecto recogió que «esta actuación (puesta en marcha del PLES) tiene naturaleza subvencional. Al ejecutarse mediante convenio, se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido en la Ley General de Subvenciones (LGS) y demás normativa de desarrollo». Así las cosas, ahora corresponderá a los tribunales de Chiclana investigar hasta qué punto se incurrió en un presunto delito con una asociación hoy puesta en entredicho por presunto fraude y estafa hacia sus trabajadores.