La Generalitat denuncia «la asfixia» del Estado tras la decisión del TC

La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha lamentado este lunes la «constante asfixia y recentralización» del Estado, tras las últimas suspensiones legislativas catalanas dictaminadas por el Tribunal Constitucional (TC) a raíz de sendos recursos del Gobierno central.

La Generalitat también ha anunciado que presentará sendos recursos, aunque Munté ha apuntado que eso no afectará al desarrollo de la Agencia Tributaria de Catalunya: «La suspensión que hemos conocido pone obstáculos, dificultades, al calendario planteado, pero el proceso sigue adelante». Según Munté, el proceso para dotar de más personal cualificado a la incipiente Hacienda catalana «no se bloquea ni se interrumpe», y se seguirán anunciado convocatorias de plazas, aunque la decisión del TC impone «trabas» en la selección.

Para Munté, estas resoluciones demuestran que «la respuesta del Gobierno central siempre es la suspensión, la negativa, el impedimento» cada vez que el Govern toma una decisión para responder a un determinado problema social o para conseguir más recursos para destinar también a políticas sociales.

«Es muy lamentable que, cada vez que el Govern toma una decisión para hacer frente a una problemática o conseguir más recursos, la respuesta del Gobierno central sea la negación y el impedimento de avanzar en esa dirección», ha añadido.

Munté ha reaccionado así a la suspensión cautelar de del TC de la Ley de Hacienda catalana -sin pronunciarse sobre el fondo- y a la ley del Parlament que regula el impuesto a las operadoras de ADSL para financiar el audiovisual catalán. En el primer caso, Gobierno había interpuesto un recurso al entender que la modificación legislativa vulnera el derecho de los ciudadanos de toda España a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. En el caso del canon sobre el ADSL, por su parte, el Gobierno cree que sobrepasa las competencias de la Generalitat.

Sobre la impugnación del impuesto, ha recordado que fue aprobado en el Parlament sin ningún voto en contra y que su recaudación prevista era de 20,5 millones de euros anuales, de los cuales ya se habían conseguido 6,7.