La Policía cifra en 48,4 millones las ayudas públicas obtenidas por Ojeda en cuatro años

Cuando la brigada especializada en delincuencia económica y fiscal (UDEF) comenzó a investigar el año pasado un posible fraude en subvenciones obtenidas para la formación de trabajadores en Málaga, inició sus pesquisas con un primer grupo de empresas y en diciembre informaba al fiscal anticorrupción de la provincia vecina que se habían encontrado con un entramado empresarial detrás del cual estaba un exconsejero de la Junta, el jerezano Ángel Ojeda Avilés. En ese primer informe, desgajado hace escasos días por este periódico y por medios nacionales, los investigadores no escondían su sorpresa por «la reiteración en la percepción de subvenciones y lo elevado de las cuantías» que obtenían las empresas de Ojeda Avilés y aconsejaban profundizar más en esas primeras averiguaciones. En un segundo informe ampliatorio, que forma parte de la investigación del 'caso Edu', la Policía se centra exclusivamente en la figura del exconsejero jerezano. El pasado lunes LA VOZ ya publicó algunas de sus conclusiones como las duras críticas que hace la Policía sobre el proceso de formación del colectivo de extrabajadores de Delphi calificándolo de «pura ficción».

Los agentes han buceado en las concesiones de ayudas para la formación que la Junta ha otorgado desde el año 2008 hasta 2012 y a través de este estudio numérico ha cifrado en 48.429.881 euros las subvenciones autorizadas a empresas de Ojeda Avilés.

Además de poner en relieve la lluvia de millones que han regado a las sociedades de un exalto cargo de la Administración andaluza. La Policía cuestiona la utilidad de esa inversión pública en supuesta formación delegada a una serie de empresas privadas. Un primer desfase que encuentran al indagar en los expedientes está entre la cuantía que pagaba la Junta y el número de personas formadas. Los funcionarios sólo encuentran una explicación en este descuadre financiero: «o se ha formado varias veces a las mismas personas o se ha formado a todos los parados de Andalucía».

El entramado empresarial de Ojeda creció a partir de 2009 cuando la Junta aprobó la orden que regulaba las ayudas para la formación profesional ocupacional. Los investigadores subrayan que esta regulación vino en parte obligada por Europa que ya había concedido partidas económicas en este sentido dentro del programa operativo del Fondo Social Europeo, que establecía un periodo de vigencia entre 2007 y 2013.

La Policía sospecha que la norma andaluza no se hizo para atender a una demanda de mejorar la formación de los parados sino que fue un «traje a medida» para que determinadas personas afines a la Administración andaluza se lucraran. Las ayudas europeas habrían servido exclusivamente «para la realización de innumerables cursos de todo tipo, sin ningún sentido pedagógico ni económico», advierten de forma severa los investigadores.

Así, la Policía pone como ejemplo el caso de Ojeda Avilés que demuestra una intensa actividad empresarial, con la creación de numerosas sociedades, a partir del año 2009, cuando la Junta pone en marcha las subvenciones. El informe deja en evidencia como entre 2008/2009, el exconsejero recibió 1,2 millones y en el ejercicio siguiente, ese mismo concepto se dispara a 19,7. Frente a las seis empresas subvencionadas antes y durante la puesta en marcha de la citada orden, a las 17 que recibieron ayudas públicas en 2010.

La Policía describe cómo muchas de esas sociedades no tienen trabajadores en nómina, ni experiencia en formación y que se crearon al tiempo que recibían ayudas públicas. Así, en el primer informe de la UDEF del pasado mes de diciembre, los agentes citan el ejemplo de la Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas, que no había cumplido ni el primer mes de vida cuando recibió una primera subvención de 642.390 euros en 2009 sin ni siquiera haber dado de alta a ningún trabajador en la Seguridad Social.

En esta sangría de dinero público, los agentes identifican un agujero en la misma orden andaluza que permitía a empresas que se presentaban como formadoras ofrecer sus servicios a otras empresas que a su vez eran las responsables de suscribir los compromisos de contratación a los alumnos que recibían los cursos subvencionados. Esa cadena de empresas, que a la postre formaban parte de un mismo grupo o entramado empresarial como el que creó Ojeda Avilés, facilitaba que las ayudas recayeran en las mismas manos.