Las víctimas podrán recurrir la libertad condicional de sus agresores sin estar personadas

Las víctimas de delitos graves, como violencia de género, terrorismo o catástrofes aéreas, contarán con «más protección que nunca» a través del Estatuto de la Víctima del Delito, que el Gobierno aprobará previsiblemente este viernes en el Consejo de Ministros y que tiene como objetivo evitar que tanto ellas como sus familiares tengan que «revivir dos veces un suceso traumático».

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó ayer durante la presentación del texto que estas personas «asistían habitualmente a una segunda victimización», es decir, al revivir su experiencia en un juicio delante de sus agresores, «recordaban todo lo ocurrido y volvían a sufrir». Así, el proyecto propone que durante la fase de investigación se reduzcan al mínimo los reconocimientos médicos a los que son sometidas las víctimas y se proteja su intimidad a través de una especial reserva en todo lo relativo a sus datos personales y a su imagen, que no podrá ser divulgada en los medios de comunicación. Además, Gallardón destacó que durante la fase de enjuiciamiento se evitarán, entre otras cosas, el contacto entre las víctimas y sus familiares con los infractores.

«Los menores y los discapacitados estarán especialmente protegidas por este estatuto», señaló el ministro de Justicia. Como parte de las medidas, se suprimirán las declaraciones que no sean imprescindibles y además podrán ser grabadas y reproducidas en el juicio con la misma validez que su testimonio «en directo».

Otro de los derechos que reconoce este nuevo estatuto es el de recibir información del proceso penal que se sigue contra su agresor, recurrir la libertad condicional y los beneficios penitenciarios que les puedan conceder, así como el sobreseimiento o archivo de la causa durante los 20 días siguientes aunque no estén personadas en la misma. Este plazo es muy superior al actualmente establecido de tres, que suponía que en la práctica se dificultaran estas impugnaciones porque era «muy complicado» personarse e interponer el recurso en tan poco tiempo. Gallardón, que destacó que ésta era «una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de víctimas», manifestó su agradecimiento por la «profunda participación» con la que ha contado este texto, a la vez que denunció que la anterior norma «dejaba a la víctima en un segundo plano».

ETA y siniestralidad

Durante la presentación del nuevo estatuto también estuvo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien explicó que «gracias a esta iniciativa se da una respuesta humana al sufrimiento» y manifestó su orgullo porque, según sus palabras, éste es un proyecto «pionero en Europa». El ministro, que recordó que mañana se cumplen cinco años del último atentado de la banda terrorista ETA, añadió que «de la misma forma» que el Estado derrotó a ETA también va a derrotar «la siniestralidad en las carreteras». Tras este sorprendente símil, Fernández Díaz subrayó que en 2012 más de 97.000 personas fueron condenadas en España por alguno de los delitos de tráfico tipificados en el Código Penal y recordó que, aunque son perseguidos penalmente, el nuevo estatuto prevé ampliar las garantías procesales y extraprocesales para las víctimas de un siniestro vial.

También la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, estuvo presente en la presentación de este nuevo texto con el digo estar «muy satisfecha» porque «facilitar la denuncia de las mujeres maltratadas facilita también el fin de la impunidad». Mato, que condenó asesinato de una mujer de 25 años ayer en Málaga supuestamente a manos de su expareja -lo que eleva a 31 las víctimas de violencia machista en lo que va de año-, aseguró que el «triste día» de ayer reafirma al Gobierno «en el compromiso de acabar con este tipo de violencia tan cruel».