Un IRPF a la escocesa para quedarse en Reino Unido

Que la unión de los reinos de Inglaterra y de Escocia no aspiró a crear un país uniforme en sus leyes y costumbres queda demostrado en Gretna Green. Es una pequeña ciudad al borde del mar Irlandés y el estuario del Solway, en la misma frontera occidental entre los dos países, que vive fundamentalmente del negocio de las bodas.

La Ley de Unión de 1707 fusionaba los parlamentos, daba a los barcos escoceses los privilegios de navegación en el incipiente imperio de las colonias inglesas, establecía una lista de tributos comunes y otros que no se compartirían, repartía deudas, dictaba moneda común, pesos y medidas, y afirmaba que nada de todo eso cambiaría otras leyes o el sistema de Justicia en Escocia.

En 1754, se cambió la ley de matrimonio en Inglaterra y los padres de menores de 21 años adquirieron el derecho a prevenir su enlace. Escocia, donde los chicos podían casarse sin consentimiento a los 14 y las niñas a los 12, se convirtió en el destino de amores ingleses prohibidos. Bastaban dos testigos para que cualquiera oficiase la boda. La casa de postas de Gretna era el destino de la fuga de los novios.

Ahora, se celebran allí cada año miles de bodas con ese toque romántico y las leyes escocesas y su sistema judicial siguen siendo diferentes. En el máximo tribunal de Inglaterra y Gales, el Supremo, hay siempre uno o dos representantes escoceses para estudiar recursos específicos que vienen del norte y una reciente ley ha tenido que corregir interferencias jurisprudenciales de la corte de Londres.

Cuando la princesa Ana, hija de la reina Isabel II, contrajo matrimonio con su segundo marido, Timothy Lawrence, lo hizo en Escocia, en la hacienda real de Balmoral, porque la Iglesia de Inglaterra, la oficial liderada por su madre, no permite habitualmente el matrimonio de divorciados. Sí lo hace la Iglesia de Escocia, que no es establecida, que es presbiteriana y no anglicana, y es independiente.

En el Reino Unido de Margaret Thatcher, cuyo rechazo por una mayoría de escoceses habría contribuido a fomentar un sentimiento en favor de autonomía política, la Policía permaneció organizada por condados, con algunas unidades especiales de escala británica y un organismo coordinador y de representación común. El Gobierno autonómico simplemente fusionó a las fuerzas de condado en un solo cuerpo escocés.

La ley de autonomía de Tony Blair que llevó a la restauración, en 1999, del Parlamento de Edimburgo, transfería competencias en sanidad, medio ambiente, sistema penal, policía, prisiones, cultura, transporte... Se sometió a referéndum la creación de la Asamblea en Edimburgo y una segunda pregunta: si debía tener el poder de variar un 3% el impuesto de la renta. Los escoceces dijeron que sí a ambas.

Ante las demandas de más autonomía y de independencia, los gobiernos laboristas en Edimburgo y Escocia crearon una comisión, cuyas propuestas se tradujeron en la Ley de Escocia de 2012, que se está implementando en la actualidad. Además de clarificar la posición del Tribunal Supremo en la ley escocesa, transfería poderes legislativos menores, daba un papel a Edimburgo sobre nombramientos en la BBC o en las propiedades del Estado a través del Patrimonio de la Corona.

Y, fundamentalmente, daba al Ejecutivo escocés el poder de recaudar algunos impuestos menores y de fijar el impuesto sobre la renta con una variación de 10 puntos con respecto al fijado por Londres. La Hacienda británica lo recauda para luego transferir a Escocia fondos, según una fórmula que ya existía desde los años setenta. Y Edimburgo puede variar los tipos de impuesto básico, 20%, y el de las rentas altas, 40%, siempre con simetría. Puede ser de 19% y 39%, de 21% y 41%...

Ahora el Gobierno escocés y una parte sustancial de la población quiere la independencia. En su plasmación ideal, ofrecida en un Libro Blanco, es un sistema más parecido al de una confederación, en la que el Parlamento escocés tendría la plena soberanía, para compartirla después en múltiples aspectos: la monarquía, la moneda, la coordinación fiscal y de mercados...

Deseo de los escoceses

La respuesta de los tres principales partidos que quieren preservar la Unión de 1707 ha sido la de ofrecer más autonomía. Es, según los sondeos, lo que una sustancial mayoría de escoceses también quiere, pero el Gobierno de David Cameron negoció el referéndum con la condición de que se celebrase con una sola pregunta, 'sí' o 'no' a la independencia.

Los líderes escoceses de los tres partidos unionistas publicaron esta semana un artículo conjunto y se fotografiaron junto al lema que inspira su acuerdo básico: 'Garantía de más poder para Escocia'. Es la consecuencia de que en las últimas semanas se hayan hecho públicas las propuestas de laboristas y conservadores. Los liberal-demócratas las presentaron en 2012. Tienen características comunes, especialmente en aquellas áreas que consideran no transferibles (moneda y política macroeconómica, seguridad social, seguridad y política exterior, inmigración...), y en las que hay consensos curiosos. Conservadores y liberal-demócratas quieren transferir enteramente el impuesto sobre la renta. Laboristas y liberal-demócratas quieren hacer indisoluble por ley el Parlamento de Edimburgo.

No presentarán una propuesta conjunta antes del referéndum de septiembre. Los conservadores, en especial, creen que sus propuestas son mejores y que les permitirán ganar adeptos en las elecciones generales británicas de 2015. Las diferencias entre los programas de más autonomía y el hecho de que se prometan para el futuro ha llevado a los independentistas a pedir a los electores que no confíen.