ESPAÑA

El Gobierno denuncia los homenajes a seis etarras de la doctrina Parot

Gallardón dice que hay «indicios de criminalidad» en esos actos que considera «indignantes y aberrantes»

MADRID. Actualizado: Guardar
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La izquierda abertzale había pedido por activa y por pasiva a los familiares y allegados que evitaran las celebraciones públicas en las bienvenidas a los presos de ETA excarcelados tras la derogación de la doctrina Parot para evitar que esos actos derivan en procesos penales por exaltación del terrorismo. En la gran mayoría de los casos así ha sido, reconocen fuentes de la lucha antiterrorista, y las celebraciones por la puesta en libertad de los 60 terroristas que ya están en la calle se han limitado a actos privados, pero no todos.

El Ministerio del Interior ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional informes y atestados sobre seis de estos recibimientos en los que, según los servicios de información de las fuerzas de seguridad, podrían haberse producido actuaciones que encajarían en un delito de enaltecimiento del terrorismo, que el Código Penal castiga con hasta dos años de cárcel para aquellos que exalten «por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos de terrorismo» o que participen en actos que «entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas».

El Ministerio Público aún no ha decidido si denunciará todas estos actos de bienvenida, ya que está a la espera que la Delegación de Gobierno en Euskadi y los servicios de información aporten más datos, ya que buena parte de las denuncias se basan en testimonios de terceros.

Sobre el que hay más datos, explicaron fuentes de la investigación, es la bienvenida que brindaron un centenar de personas en la madrugada del miércoles en el barrio de Usansolo en la localidad vizcaína de Galdakao a Francisco Javier Martínez Izaguirre, 'Javi de Usansolo', asesino del niño de tres años Fabio Moreno en 1991. El etarra fue recibido con antorchas, un pasillo de honor, cohetes, aplausos y pancartas de a favor de los presos.

El segundo expediente se refiere a Juan Manuel Píriz López, el segundo etarra liberado tras el fallo de Estraburgo. Según los atestados, Píriz, condenado a 61 años de cárcel, entre otros delitos, por el asesinato en 1984 de un exmilitante de ETA, fue recibido el 28 de octubre en el aeropuerto vizcaíno de Loiu tras aterrizar de un vuelo procedente de Málaga por casi medio centenar de personas, entre las que estaba el histórico dirigente de la izquierda abertzale Tasio Erkizia, con pancartas a favor del acercamiento de los presos.

Imágenes

También ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía el último de los homenajes, el que tuvo lugar el miércoles a la etarra Inmaculada Patxo en el Casco Viejo de Bilbao. Sobre esos hechos sí que hay imágenes. La terrorista, condenada a más de 500 años de cárcel por, entre otros, seis asesinatos, fue jaleada y aplaudida por un centenar de personas en la calle Somera durante diez minutos antes de entrar en un bar entre gritos de «amnistía total para los presos vascos», conforme se recoge en los atestados policiales.

Según las fuerzas de seguridad, el supuesto cuarto caso de enaltecimiento se produjo sobre las 23.15 horas del martes, cuando entre 30 y 40 vecinos saludaron la llegada al pueblo guipuzcoano de Legazpi de Juan Ignacio Delgado Goñi con el lanzamiento de cohetes y el «repique de campanas en una iglesia próxima».

La Delegación del Gobierno en Euskadi también ha denunciado ante la Fiscalía el homenaje el pasado domingo en el municipio vizcaíno de Leioa a Pagoa Zulueta Vázquez, cuando varias decenas de vecinos recibieron a la terrorista con una pancarta de bienvenida y su foto.

El último caso es el de José Legorburu Gerediaga, condenado a 746 años, y que fue recibido en otro homenaje público en la localidad vizcaína de Amorebieta.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que el Ejecutivo aprecia en estos seis actos «indicios de criminalidad». Calificó estos homenajes de «indignantes» y «aberrantes» e insistió en que, en opinión del Gobierno, la Fiscalía debería emprender ya las «acciones penales correspondientes».

El Ministerio Público, de momento, estudia la documentación recibida y no ha tomado aún una decisión.