La Ley Antidesahucios de la Junta reactiva la expropiación de un piso en la provincia

La polémica Ley Antidesahucios de la Junta entró ayer en vigor con la intención de reactivar los 18 expedientes iniciados para expropiar viviendas embargadas por las entidades bancarias. De momento sólo una de ellas se encuentra en la provincia y pertenece a una familia que reside en Los Barrios. La Delegación territorial retomará durante los próximos días esa tramitación de la solicitud y comenzará a gestionar nuevas peticiones.

La norma viene precedida por un decreto que ya recurrió el Gobierno central ante Constitucional y llegó a paralizarlo. Ahora podría enfrentarse a esa misma situación tras mantener aspectos que generan incertidumbre como la expropiación temporal o el castigo que prevé sobre los inmuebles vacíos. Según expuso ayer la Consejería que dirige la comunista Elena Cortés, «esta Ley pretende abaratar el acceso a la vivienda mediante la salida en alquiler de las que están desocupadas». Calcula que son más de 700.000 en Andalucía y sólo en la provincia podrían superar las 80.000, dada la gran cantidad de pisos de segunda residencia.

La Consejería ha retomado además la elaboración del Reglamento del Registro de Viviendas Deshabitadas, donde incluirá todos esos inmuebles vacíos que detecte para su eventual sanción. Aclara que se multará a inmobiliarias y entidades bancarias, no a particulares, a los que prevé ofrecer incentivos para que saquen sus residencias al mercado de alquiler. Este catálogo comenzará a elaborarse con los inmuebles ubicados en grandes núcleos que pueden tener una mayor demanda.

En cualquier caso, la norma llega justo en el momento en el que los desalojos han caído a los niveles de 2008. Las ejecuciones hipotecarias descendieron casi un 33% durante el primer trimestre de este año con 391 gestionada por los juzgados gaditanos, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. De ellas, se han practicado 158 alzamientos sobre propietarios que no han podido hacerle frente al pago. Las cifras son sensiblemente inferior a las del año pasado, cuando se tramitaron cerca de 600 ejecuciones hipotecarias en el mismo periodo de tiempo. Este descenso se produjo justo antes de que el Ejecutivo central aprobara su propia normal antidesahucios que se presentó el pasado abril y que ha contribuido también a frenar la sangría. La ley andaluza que acaba de entrar en vigor sustituye así al mencionado decreto planteado por el Consejo el Gobierno que ya fue recurrido ante el Constitucional.