Los populares descartan cierres y despidos en los astilleros

La situación que atraviesan los astilleros públicos se ha convertido, finalmente, en objeto de una dura batalla política. ¿Por qué la dirección de Navantia no tomó medidas hace unos años para evitar la quiebra? Esta es la pregunta que ahora se hacen todos y el origen de los reproches que se lanzan socialistas y populares. La empresa tiene un agujero de 323 millones de euros y su cartera de pedidos está bajo mínimos. La crisis de los astilleros españoles no es nueva, sin embargo, el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización contable de la empresa entre los años 2007 y 2009 ha encendido todas las alarmas. Esa etapa corresponde precisamente a la gestión llevada a cabo por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El estudio, adelantado por LA VOZ el pasado miércoles, revela que la empresa no es competitiva, ya que «a más carga de trabajo, más pérdidas», lo que evidencia una plantilla sobredimensionada y, sobre todo, costosa. En ese sentido, el Tribunal de Cuentas indica que la dirección de Navantia tenía que haber adoptado medidas de ajuste durante esos años en que los diques de los astilleros estaban a pleno rendimiento. Se trataba de aplicar un plan de especial ante la imposibilidad de cumplir objetivos. Ahora, factorías como la de San Fernando y Puerto Real llevan casi dos años paralizadas por falta de trabajo y esperando contratos que nunca llegan.

Este panorama de incertidumbre ha dado lugar a un cruce de acusaciones entre PP y PSOE sobre el futuro de los astilleros públicos. Así, los socialistas sostienen que el Gobierno de la Nación prepara el cierre de factorías.

El vicepresidente y el secretario general del PP de Cádiz, José Loaiza y Antonio Saldaña, respectivamente, salieron ayer al paso de estas acusaciones y destacaron el «compromiso firme» del Gobierno de España y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de que «no se cerrará ningún centro» de Navantia y tampoco se despedirá «a ningún trabajador». La dirección del PP de Cádiz ha mantenido varios contactos en los últimos meses para despejar el futuro de los astilleros. Así, tanto Loaiza, como el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, y la diputada y alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, se han reunido con el presidente del SEPI, Ramón Aguirre, el ministro Montoro y el presidente de Navantia, José Manuel Revuelta paar evaluar el futuro de la empersa. El resultado de estos encuentros ha sido muy satisfactorio, ya que en todo momento se ha garantizado la supervivencia de las factorías. Según el PP, los socialistas dejaron a los astilleros «en la UCI» y en la «bancarrota».

Por otra parte, los representantes de los astilleros privados españoles destacaron ayer que el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, se plantea eximir de la devolución de las ayudas fiscales del 'tax lease' tanto a los propios astilleros como a los armadores, pero no a los inversores, por lo que han considerado esta propuesta insuficiente.