La labor de los auditores, también puesta en entredicho

Suelen ser el paracaídas de reserva para tratar de recuperar las inversiones pérdidas en presumibles estafas, después de que falle la posibilidad de lograr la responsabilidad civil subsidiaria del Estado. El último ejemplo significativo -no el único- es la condena a PriceWaterhouseCoopers por no detectar las irregularidades de las cuentas del Grupo Torras , la filial española del 'holding' kuwaití KIO donde el financiero Javier de la Rosa hizo y deshizo a su antojo, dejando en 1992 un agujero de más de medio billón de pesetas de la época.

Su 'poca vista', que le hizo dar por buenas las cuentas de 1990 -engordando una 'burbuja' que estallaría dos años más tarde- le ha costado más de 21 millones de euros, según la sentencia confirmada el pasado otoño por el Tribunal Supremo. Otro caso llamativo fue la condena a Ernst & Young (ratificada por la misma instancia judicial en febrero de 2011) por sus malos informes de auditoría sobre la cooperativa de viviendas PSV, que impidieron a sus socios reaccionar a tiempo antes de su suspensión de pagos en 1993, y por los que tuvo que indemnizar a un millar de ellos.

Ahora se puede repetir la historia en el 'caso Bankia', pues algunas acusaciones tienen en el punto de mira a Deloitte. Por ahora, el Ministerio de Economía le ha abierto un expediente sancionador por dar el visto bueno a los números del banco antes de su salida a Bolsa en julio de 2011, aunque no entra aún en la polémica reformulación de las cuentas de 2012. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) también investiga la labor de la misma firma en el Banco de Valencia y la de KPMG en la CAM.