La reforma judicial argentina de Cristina Fernández naufraga en los tribunales

La prometida campaña de la oposición contra la reforma judicial del gobierno de Cristina Fernández logró frenar ayer una de sus leyes clave: la que proponía la votación popular de consejeros encargados de seleccionar a los jueces. El Gobierno adelantó que apelará la sentencia, pero entretanto la votación queda en suspenso.

En un extenso fallo que se conoció casi a medianoche, la juez federal María Servini de Cubría calificó de «inconstitucional» la elección popular de los jueces, abogados y académicos que deben integrar el Consejo de la Magistratura, el organismo que propone las ternas de jueces al Ejecutivo para su designación con acuerdo del Senado.

«El solo hecho de pensar en jueces cuyos nombres figuren en boletas electorales encabezadas con el nombre de un partido político le quita a esos magistrados todo atisbo de independencia o imparcialidad», argumentó la jueza en su sentencia.

La norma suspendida no plantea que los votantes elijan a los miembros del Poder Judicial, sino a los magistrados que ocupen un asiento en el Consejo encargado de evaluar antecedentes de los candidatos y seleccionar a los mejores. Hasta ahora, los miembros de ese Consejo eran elegidos por asociaciones de jueces y de abogados. Mediante la reforma, que consistió en seis proyectos, la presidenta propuso la votación popular de los consejeros.

La oposición votó en contra de todas las iniciativas por considerar que el gobierno se estaba inmiscuyendo en el Poder Judicial. Los abogados de la oposición presentaron un centenar de recursos.