El juez abre una cuarta investigación para intentar imputar a la infanta

Cuarta investigación en menos de un mes para intentar imputar a la infanta Cristina. El juez del 'caso Nóos' vuelve a la carga a pesar de que la Agencia Tributaria le insiste una y otra vez en que no ve indicios de delito fiscal en la actuación de la hija del Rey en la empresa que compartía con su marido.

Menos de una semana después de recibir el informe en el que Hacienda exculpa con lujo de detalles a Cristina de Borbón al entender que nunca fue conocedora de las maniobras de su esposo al frente de la compañía familiar, el magistrado José Castro se dirige a la infanta y a Iñaki Urdangarin para reclamarles todas las actas, archivos, documentos y libros de facturas de Aizoon, la sociedad que, según el sumario, sirvió para desviar desde el Instituto Nóos al bolsillo de la pareja 1.529.341 euros, la mayoría procedente de dinero público, amén de ser usada para facturar a tipo impositivo más bajo los trabajos profesionales que el yerno del Rey hacía para otras empresas.

Dudas

El objetivo de Castro con esta nueva petición masiva de información, según todas las fuentes consultadas, es encontrar en esos documentos el rastro de la infanta. Los responsables de la investigación tienen serias dudas de que Urdangarin y la duquesa de Palma llevaran al día esos libros que reclama el juzgado de Palma de Mallorca, pero ya adelantan que si, finalmente, el matrimonio aporta al juez esos documentos sobre Aizoon sí que va a aparecer el nombre de Cristina de Borbón. Y en más de una ocasión.

La infanta Cristina, y así lo certificó su propio marido ante el Registro Mercantil de Barcelona, aprobó todas las cuentas anuales de Aizoon entre 2004 y 2012, y dio el visto bueno al «informe de gestión» de la sociedad, desde la que Urdangarin facturó de forma irregular no menos de 1,1 millón de euros por supuestos trabajos de asesoramiento a empresas como Mixta África, Motorpress Iberica, Aceros Bergara, Pernod Ricard, Havas Sports France y Seeliger y Conde.

Pero no serán las únicas menciones a Cristina de Borbón en esos registros, que aún está por ver si los duques proporcionan al juez. Hacienda ya ha revelado que la infanta, como persona física, facturó en 2009, como si se tratara de una proveedora más de la sociedad fantasma, 3.828 euros. Castro espera que los libros desvelen por qué concepto la hija del Rey cobró ese dinero. También la Agencia Tributaria avanzó en su momento que la duquesa fue titular única de una de las cuentas que abrió al inicio la sociedad.

Desde que el pasado 7 de mayo la Audiencia Provincial de Palma, en la resolución en la que suspendía la imputación de la infanta, dejara abierta la puerta a que el juez pudiera investigar a la duquesa por fraude fiscal o blanqueo de capitales, Castro se ha volcado en indagar sobre la hija del Rey, a pesar de contar con la oposición abierta de la Fiscalía Anticorrupción, de la Agencia Tributaria, de la Abogacía del Estado y del resto de las partes presentes en este procedimiento, a excepción de Manos Limpias.

Cada vez más

Primero, el instructor reclamó a Hacienda una investigación fiscal clásica. Cuando supo que preparaba un informe exculpatorio tras analizar sus últimas declaraciones y su papel en Aizoon, el juez ordenó a la Agencia Tributaria un pormenorizado análisis de todos «los bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos» de la infanta que está todavía pendiente de ser entregado en los Juzgados de Palma y en el que el magistrado tiene depositada bastante confianza.

El propio juez reveló que su intención al ordenar ese informe era determinar la «real intervención» de la hija del jefe del Estado en las supuestas irregularidades cometidas por Urdangarin. En particular, Castro reclamó a Hacienda que aclare si Cristina de Borbón «ha podido hacer uso para la rehabilitación de su vivienda en la calle Elisenda de Pinos de Barcelona (el palacete de Pedralbes) u otras atenciones personales y familiares de fondos derivados de la entidad mercantil Aizoon». La pasada semana abrió otra vía más de investigación para determinar si la hija menor de los monarcas y su esposo declararon, como es preceptivo, la posesión de «cuentas, valores, activos o bienes» en el extranjero y reclamó a los técnicos de la Agencia Tributaria que indaguen si pudieron saltarse la ley a través de alguna de las mercantiles investigadas en la 'pieza 25' del 'caso Palma Arena'.

Castro -explicaron fuentes del caso- no tiene ninguna intención de cerrar este ya vasto sumario, mientras Hacienda no le entregue todas las investigaciones que les ha reclamado en las últimas semanas sobre la hija del Rey.