Las políticas sociales enfrentan a los concejales y al público

El pleno ordinario de mayo, celebrado ayer con otra maratoniana sesión, tuvo en las políticas sociales, las que afectan más directamente a una ciudadanía que cada vez más precisa de la ayuda de las instituciones públicas para subsistir, el eje central del debate. Se habló de vivienda y empleo, tanto con los micrófonos en la mano, como alzando la voz y portando carteles desde el público.

Esta vez hubo diferencias notables respecto a plenos anteriores. Por un lado, la paciencia de la alcaldesa se colmó mucho antes de lo habitual. Después de las últimas polémicas respecto a las intervenciones del público, Teófila Martínez esperó poco en esta ocasión para pedir a la Policía Local que desalojara a los que alborotaban mientras hablaban los concejales. Habían pasado concretamente un hora y veintisiete minutos cuando Martínez hacía alusión al artículo 34 del Reglamento que rige los plenos municipales para explicar que se veía obligada a pedir a los agentes que desalojaran al grupo de desempleados de la plataforma de parados de Cádiz que, justo ayer, cumplía 10 meses manifestándose de forma continuada. Unos minutos antes habían comenzada a interrumpir la intervención de los concejales y se fueron sin mayores problemas cuando se les requirió.

Otra diferencia es que, en esta ocasión, hubo ciudadanos en el público que se atrevieron a increpar a estas personas, recriminándoles que no se vayan también a presentar sus reivindicaciones a las sedes de la Junta de Andalucía. Se produjo entonces un momento desagradable, en el que se escenificó esa ruptura social a la que tanto se alude últimamente. Algunos de los parados pidieron que expulsaran también a estas mujeres que posteriormente fueron aplaudiendo las diferentes intervenciones del PP, pero la cosa no llegó a mayores. Al menos durante unas horas, porque al final del pleno, durante la intervención del público, con 21 turnos de palabra solicitados (pasadas las seis de la tarde), los ánimos volvieron a caldearse con gritos del público al equipo de Gobierno, coincidiendo en las protestas el colectivo de parados, los empleados del alumbrado público y los 'baratilleros' sin licencia, como grupos más representativos. El punto y final al pleno tampoco fue agradable. Cuando tomó la palabra, como en el pleno anterior, Lorenzo Jiménez y, como en el pleno anterior, se dio la vuelta para hacer su alegato, los miembros del equipo de Gobierno decidieron abandonar el Salón, con el consiguiente enfado de buena parte del público que aún quedaba allí.

Propuestas

En lo que a las propuestas de los distintos grupos se refiere, el problema de la vivienda centró buena parte del debate. La principal reclamación del equipo de Gobierno a la oposición, en su calidad de interlocutores con la Junta de Andalucía, en la que ambos gobiernan en coalición, fue que colaboren en el pago de ayudas a los pagos de alquiler e hipotecas a las familias más necesitadas de la ciudad. Desde el equipo de Gobierno se recordó que el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Servicios Sociales, invierte mensualmente 300.000 euros en este concepto. La concejala del ramo, Carmen Sánchez, puso otro dato sobre la mesa, y es que el Ayuntamiento sólo entre 2006 y 2012 ha invertido 7,8 millones de euros en materia de vivienda, «a pesar de que las competencias son de la Junta de Andalucía».

Teófila Martínez recordó a PSOE e IU que tienen el compromiso de construir al menos 250 viviendas protegidas en la ciudad, recordando que el Ayuntamiento se ha puesto a disposición del delegado de Fomento para colaborar en la construcción de la segunda fase Matadero. Por cierto, respecto a los primeros 102 pisos, Carmen Sánchez aseguró que los arquitectos y aparejadores municipales han detectado importantes deficiencias en las viviendas que imposibilitan que, por el momento, la obra se pueda recepcionar.