Rajoy amonesta a sus barones por discutir en público sobre el déficit

Casi con desdén se refirió ayer Mariano Rajoy a la rebelión de los barones del PP por la decisión del Gobierno de aplicar a las comunidades autonómas objetivos de déficit diferenciados. El presidente del Gobierno aseguró que la polémica no le preocupa demasiado. Tiene la sartén por el mango porque, en último término, el Ejecutivo puede acabar imponiendo su criterio en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero en todo caso hizo un llamamiento a la «generosidad y el sentido común».

Sin perder el temple ni elevar el tono, con su habitual estilo parsimonioso, Rajoy dio así un tirón de orejas a los presidentes de autonomías como Extremadura, Madrid, Castilla y León, Aragón, Galicia, Cantabria o La Rioja, que en los últimos días se han pronunciado con fuerza contra la idea de que se pueda dar más margen a aquellas comunidades que en 2012 quedaron por encima de los objetivos fijados, fundamentalmente las del arco mediterráneo, y en cambio se castigue, siquiera comparativamente, a las que sí cumplieron.

Las iras se han dirigido contra el eventual trato de favor a Cataluña y, en algunos casos, a Andalucía, gobernada por el PSOE. Pero también hay tres comunidades del PP que atraviesan una situación financiera atosigante y que se verán beneficiadas por la nueva estrategia gubernamental, la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia.

Rajoy insistió en que aún hay que esperar a que, el próximo día 29, la Comisión Europea dé el visto bueno al objetivo del 6,3% que ha fijado el Gobierno en su programa de estabilidad para el conjunto de las administraciones públicas. Y recordó que el tema debe discutirse después en el grupo de trabajo constituido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero en todo caso, afeó el comportamiento mostrado por sus dirigentes regionales. Lo hizo en un doble sentido. Por un lado subrayó que ese, el de la distribución del déficit, «no es el tema más importante que tiene planteada la economía española». Y, por otro, argumentó que «las discusiones públicas no son útiles» a efectos de lo que él considera primordial, el crecimiento económico y la creación de empleo. Ambas requieren de liquidez y de confianza en los mercados internacionales.

Sanciones

La pugna, en todo caso, no cesa. Algunas de las comunidades cumplidoras están dispuestas a asumir el déficit asimétrico, pero si se les da garantías de que solo se hará por un año y no más. Aun así, algunos exigen que además se apliquen las sanciones que prevé la ley de estabilidad presupuestaria aprobada el año pasado a quienes rebasaron el 1,5% del déficit autorizado para 2012. Se quejan de que si no se dará la imagen de que no ocurre nada por no cumplir. «El Gobierno debería darse cuenta de que si puede exhibir ante Bruselas que se ha embridado el gasto autonómico es gracias a los que hemos hecho los deberes», esgrime uno de los barones amotinados.

No es la primera vez que el jefe del Ejecutivo se enfrenta a una rebelión de sus presidentes autonómicos. Tampoco tuvo fácil la negociación de las cifras de deuda y déficit, corregidas a la baja para el ejercicio anterior. Finalmente, la disputa se encauzó, en gran medida gracias a los instrumentos financieros puestos a disposición de las comunidades por parte de Hacienda. Quizá por eso, Rajoy se mostró ayer tan optimista. «Estoy convencido de que es un tema que se va a resolver sin mayores dificultades, como ocurrió la primera vez», dijo. Es más, llegó a asegurar que la fórmula final será «aplaudida» por todos.

De momento, tiene algunas razones para estar tranquilo. Aunque son poco significativos, los datos del primer trimestre de 2013 reflejan que la administraciones públicas han alcanzado un déficit del 1,41% del PIB y que las comunidades autónomas están en el 0,12%, una cifra que según la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, es un 0,11% inferior a la de 2012. Incluso ocho registraron superávit en sus cuentas.